Dicha ley busca castigar la prevalencia de las violaciones de derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en forma total o en gran parte, fuera de Estados Unidos.
Como consecuencia, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas indicadas precedentemente que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados.
Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50 % o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a una o más personas alcanzadas por esos bloqueos.
