En su perfil en LinkedIn dice que tiene especialidad en derechos humanos en la red, inteligencia artificial, comercio electrónico, delitos de alta tecnología, aspectos técnicos y legales de Blockchain, protección de datos personales, pruebas técnicas, seguridad de la información, derecho informático y cibercrimen.
Como comisionado tendrá entre sus funciones proponer y apoyar proyectos que “aumenten la conectividad y el acceso a tecnologías digitales, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos humanos y la libertad de expresión en línea, con todas las garantías de ciberseguridad”, según en el decreto de creación del cargo emitido por el presidente Nayib Bukele, el 19 de mayo de 2023.
Si hace su trabajo y se apega a lo que le tocaría hacer, sin duda va a ser destituido, porque más parece que el gobierno lo que quiere es lavarse la cara ”. Anabel Belloso, diputada del FMLN
¿Espionaje?
De enero de 2006 a septiembre de 2022 Guzmán Caballero fue alto ejecutivo de la empresa Adalid Corp, la cual ofrece servicios legales de alta tecnología, de seguridad de la información y forenses.De octubre de 2022 a abril de 2023 fue defensor delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Según una publicación del 12 de mayo de 2023 de la revista Cambio, Guzmán habría asumido ese cargo después de que Adalid fuera contratada por la Defensoría colombiana para implementar un “Laboratorio Forense de Evidencia Digital”, al que denunciaron sindicatos de realizar espionaje.
Mantener diálogo.
Para crear el cargo el gobierno argumentó las recomendaciones de organismos de derechos humanos.“Es preciso dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas a El Salvador por organismos de tratados de los cuales es parte y por organismos internacionales de derechos humanos con competencia respecto de ello, así como mantener un diálogo constante en esta materia con la comunidad internacional”, dice el decreto presidencial.
Una atribución será “sostener comunicación permanente con actores de la comunidad internacional sobre temas de derechos humanos, para la proyección internacional” de los avances.
El primer ente encargado de defender los derechos de la población ante abusos del Estado es la Sala de lo Constitucional y no tenemos. Fue cooptada”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Oposición critica.
Diputadas de oposición califican de hipócrita el nombramiento y critican que sea un extranjero. “Es irónico, y hasta hipócrita, el mismo día que se ve violentado un periodista”, dijo Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).Claudia Ortiz, de Vamos, dijo que hasta que haya una Sala de lo Constitucional “legítima, independiente y que no sea genuflexa al poder, hablemos entonces de comisionados de derechos humanos y libertad de expresión. Mientras tanto, mucho ruido y pocas nueces”.
El diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, comentó que “alguien experto en derechos humanos y que conoce la realidad de nuestro país creo que se pensaría muy seriamente asumir ese cargo en las condiciones actuales”.
Asesoría y coordinación.
Otra función del comisionado por decreto es coordinar y articular las acciones que desde el Órgano Ejecutivo “fueren necesarias” con la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, las instituciones autónomas y municipalidades “en materia de promoción, divulgación y protección de derechos humanos, así como la libertad de expresión”.El decreto deja abierto a que tenga que cumplir “con otras funciones que le asigne” el Presidente de la República “o se le confieran” en otros cuerpos normativos.
3 datos que debes de conocer
1.- Entornos digitales
Una función es articular programas y acciones con el Ejecutivo en derechos humanos y libertad de expresión, con énfasis en entornos digitales.
2.- Otras funciones
Además deberá cumplir con otras funciones que le asigne el Presidente de la República o se le confieran en otros cuerpos normativos.
3.- Asesorar al gobierno
Sobre políticas, leyes y regulaciones relacionadas con la inteligencia artificial y la identidad digital que incluyan derechos humanos.