El representante regional adjunto para América Central y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrés Sánchez, aseguró que la evaluación a El Salvador en el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas es una oportunidad para que el país no solo presente avances sino que reciba comentarios, sugerencias y brinde la información necesaria para solventar las dudas del Comité sobre las acciones que pudieran incumplir la Convención que el país suscribió en 1996.

“Ese momento de intercambio con el Comité debe ser entendido como una oportunidad para las autoridades para brindar esa información sobre esas acciones que reflejan incumplimiento como para reflexionar sobre posibles obstáculos”, también se puede recibir “guía y orientación”, indicó.

Explicó que los casos de tortura según la legislación internacional pueden ser ejecutados por funcionarios, personas que actúan por órdenes de funcionarios y otros reclusos.

Sánchez explicó que El Salvador ha suscrito la Convención contra la Tortura, pero no el Protocolo Facultativo contra la Tortura, que obliga a los Estados a permitir visitas regulares de organismos internacionales como el Subcomité de Prevención y los Mecanismos Nacionales a centros penales para constatar la situación de los privados de libertad.