La Unión Europea y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) exhortaron al Estado salvadoreño a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual permitiría la creación de un subcomité que visite de forma regular los diferentes centros de detención y consten que los reclusos no sean sujeto de tortura.

El consejero político de la delegación de la Unión Europea en El Salvador, Borja García Hidalgo, motivó a El Salvador a que ratifique el protocolo, pues dijo que sería muy beneficioso. Recordó que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas iniciará hoy la evaluación de El Salvador y mencionó que en este contexto sería “positivo” ratificarlo y permitir las visitas periódicas ante el incremento de personas privadas de libertad.

“Que las entidades internacionales y nacionales independientes puedan generar recomendaciones útiles para las instituciones de este país ante el incremento sustancial del número de privados de libertad“, aseveró durante su discurso en un evento previo a la evaluación.

Puedan generar recomendaciones útiles para las instituciones de este país ante el incremento sustancial del número de privados de libertad”. Borja García, consejo político de la Unión Europea

Protocolo.

La consejera de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Olga Guzmán Vergara, aseguró a Diario El Mundo que desde su organización “se desea impulsar” la ratificación del protocolo. Detalló que entre los beneficios está la creación de un subcomité y la implementación de mecanismos para prevenir la tortura y examinar las condiciones de privados de libertad.

Explicó que, conociendo la situación que se vive en el país, es necesario que se establezca un marco normativo que permita conocer lo que se vive al interior de las cárceles.

La Convención contra la Tortura fue suscrita por El Salvador en 1996, sin embargo, no fue ratificado el Protocolo Facultativo que permite la creación del Subcomité de Prevención que visitaría los recintos carcelarios. El protocolo obliga a los Estados a dar acceso completo a las cárceles al Subcomité, el cual estaría integrado por miembros de 10 países.