¿Qué cree usted que está en juego en las elecciones?
Están en juego los derechos de las personas y tenemos la oportunidad de cambiar esta correlación en la Asamblea Legislativa que ha venido permitiendo desde el 1 de mayo del 2021, el primer día en que todos tomaron posesión, ha habido abusos de poder, a los derechos de la gente y abusos al dinero público. La gente lo sabe. Una correlación como esta ha permitido la ley bitcoin, una correlación diferente de Asamblea Legislativa hubiese frenado esa locura de ocupar el dinero público de un país pobre y endeudado para un capricho. Se necesita una correlación diferente en esta Asamblea Legislativa para ponerle límites al poder del Órgano Ejecutivo y para que haya la oportunidad de elegir instituciones que controlan el poder que sean independientes. Yo creo que es posible para la próxima legislatura contar con más diputados que puedan hacer un rol decente, valiente, un rol que represente las necesidades de la población salvadoreña que hoy por hoy está resumido en el alto costo de la vida.
¿Queda totalmente descartada su candidatura presidencial?
Sí.
¿Es porque la elección presidencial ya está perdida?
No. Es porque el análisis que hemos hecho como partido y que coincidimos con muchos sectores sociales que hacen lucha social es que estratégicamente la Asamblea Legislativa debe ser la prioridad porque ha sido la Asamblea la que debe ponerle límites al poder del Ejecutivo, independientemente de quien sea el presidente, es clave tener un órgano de Estado que haga el rol que constitucionalmente le corresponde y, desde el punto de vista personal, mi aspiración es liderar una bancada de más diputados que hagan un rol similar al que hemos venido realizando y que tenga aún más alcance y más influencia y poder consolidar un nuevo modelo de gestión legislativa.
Ahora, ¿la participación de los partidos en la contienda presidencial legitima la candidatura de Bukele?
Es un debate que se sigue dando en diferentes sectores de oposición, yo considero que como no es un hecho consumado y que el derecho de participar de cualquier otra persona es también muy válido, hoy por hoy creo que no es que legitime pero, si las reglas electorales se van inclinando más a favor del partido oficialista, si el rol del Tribunal Supremo Electoral es cada vez más tímido y menos independiente y el temor en la sociedad se ejerce todavía con más fuerza y las condiciones de cara a una contienda electoral se concreta una candidatura para la reelección presidencial, podríamos llegar a ese punto.
¿Cuáles son las condiciones para una alianza legislativa?
Siempre tiene que haber diálogo entre los partidos que aspiran a tener un rol de oposición, siempre tiene que haber diálogos, puntos de encuentro, aunque en cualquier otra cosa haya diferencias sustanciales, pero puede haber temas que no son negociables y que son de amplio consenso como los derechos humanos, la independencia de las instituciones o cuando estamos hablando de la corrupción o de las necesidades de la población vulnerable en momentos de crisis económica como esta. Las condiciones que debe haber es un diálogo franco basado en el interés del país.
¿Descartaría a partidos como Arena y Frente en un acercamiento hacia 2024?
¿Si lo descartaría para hacer coalición o alianza?, yo creo que eso tendría que analizarse, digamos si estamos en ese proceso a diferentes niveles, a nivel de dirigencia, bases, de qué espera el electorado del proyecto como Vamos y es algo que todavía está en proceso de análisis, hay posturas diversas, por lo tanto, creo que no hay una conclusión al momento actual, pero creo que como mínimo en la Asamblea Legislativa del 2024, incluso desde ya, sí debería haber una coordinación de los temas de amplio consenso. Creo que es importante recalcar que todos los pensamientos políticos deben poder estar representados ya sea de izquierda, de derecha, de centro y debemos cuidar el espacio plural.
¿Hay pláticas con otros partidos políticos, ya sea de hacer un esfuerzo electoral legislativo, municipal o presidencial?
Creo que ha habido diálogos y acercamiento, intercambio de información, pero no tengo información hasta dónde pueda haber una conclusión.
En la Asamblea del 2024, incluso desde ya, sí debería haber una coordinación (de partidos en temas de amplio consenso”.
Un señor llamado Fredy Amaya dice que están conversando con Vamos. Dice que la primera opción es Claudia Ortiz.
No sé quién es. No tengo idea. Desconozco totalmente.
¿Cuál es la propuesta suya para la legislatura 2024-2029?
Por un lado, todo lo que tiene que ver con eficiencia, transparencia del Estado y fortalecer las instituciones democráticas, que es algo que hemos perdido en esta legislatura y afecta la posibilidad de la población de que sus derechos sean defendidos o que alguien le pueda defender cuando existe una violación a sus derechos. Y también la eficiencia del Estado es para que el dinero público se ocupe de la mejor manera y no se desperdicie. También reformas fiscales más justas, hemos entrado a una crisis de la economía real, por la inflación, el Estado tiene que cumplir un rol de protección social y de redistribuir el ingreso que tiene para esa población más vulnerable y evitar que caiga en la pobreza y luchar contra la pobreza.
Para lograr eso, es necesario hacer reformas fiscales también, no solo luchar contra la evasión, también cambiar la estructura en la que se cobran los impuestos y sobre qué impuestos descansa la mayor cantidad de los ingresos. Luego, los temas relacionados a la protección social y el bienestar social de la población vulnerable.
En un contexto como el que vivimos, la protección de los derechos humanos es fundamental y ahí tenemos tres grupos importantes, se resume en la palabra víctima, las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado que aún esperan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Es un tema no solo por la víctima, sino que es un tema estratégico para fortalecer el sistema de justicia del país. Combatiendo la impunidad del pasado, estamos generando condiciones más favorables para combatir la impunidad del presente.
Segundo, las víctimas de la violencia que hemos tenido en los últimos años, específicamente las familias que tienen una víctima de desaparición forzada, son miles de personas y es un problema que ha tratado de emerger en la opinión pública, pero en este periodo legislativo y de mayor control mediático siempre se trata de apagar, pero pero esas personas siguen desaparecidas, si se jala de ese hilo creo que se pueden encontrar cosas bien graves, de estructuras que han permitido la impunidad de ese tipo de violaciones, también, fortalecer la capacidad de investigación el acompañamiento de las víctimas y la reparación de estos casos porque son familias rotas y con una grave afectación económica, psicológica, social.
Y, en tercer lugar, las víctimas del régimen de excepción, las víctimas inocentes que vinieron el martes, por ejemplo, un grupo grande de personas del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción porque estamos ante la presencia, aunque nadie quiere hablar de esto o muy pocas personas, estamos ante la presencia de crímenes contra la humanidad llevados a cabo por esta administración y funcionarios que han asumido esa responsabilidad. Entonces, la sociedad salvadoreña lamentablemente están reproduciendo patrones de violaciones graves a derechos humanos y patrones graves de impunidad y no deberíamos permitir eso.
Finalmente el desarrollo económico con un enfoque de descentralización. Creo que es importante buscar una forma diferente de organizar el territorio.
Estamos en vilo porque no sabemos si se va a pasar por dispensa de trámite la reducción de municipios, qué barbaridad que esta Asamblea Legislativa nos tiene así, efectivamente puede pasar y un tema que da para un debate nacional, para un referéndum, para análisis para que se tome en cuenta datos del próximo censo que haría.
Se tiene que buscar una descentralización de la fuente de empleo, de la inversión pública y privada, para más dinamización económica en los territorios diferentes de nuestro país. Agregaría esa relación ambiente, agua, alimentación, vendría siendo lo más importante de todo porque es con lo que se sostiene la vida.
Recientemente Álvaro Artiga aseguró que es altamente probable que Nayib Bukele sea reelecto no por su popularidad sino porque no tiene rivales. ¿Está de acuerdo?
Las encuestas muestran una aceptación bastante alta, pero también, de cara a la Asamblea Legislativa y al rol del partido Nuevas Ideas, también muchísimo desencanto y lo vemos en el territorio.
Para mí el problema es el contexto en el que vivimos, donde no se respeta la Constitución, ni las leyes, ni los funcionarios que deberían poner un límite al poder o que deberían hacer hacer un control, no lo están haciendo porque están plegados el poder; para mí, ese es el problema, porque aquí puede haber un rival, pero con un Tribunal Supremo Electoral que avale una reelección cuando no lo debería hacer. Entonces, para mí el problema no es que no tenga rival; es que las instituciones y el contexto que han creado ad hoc para eso está generando esa situación.
¿Está neutralizando a cualquier rival?
Sí.
¿Hay miedo?
Claro que hay miedo.
¿Por qué hay miedo?
Hay miedo, no hay quien le ponga límites y la gente tiene miedo porque hemos visto hasta donde es capaz de llegar el poder, pasar por encima de los derechos de la gente, de la dignidad de la gente, de la vida de gente inocente; y esas políticas están diseñadas para eso. En la encuesta de la UCA, por primera vez, en el índice de victimización aparece como perpetrador el Estado, la gente tiene miedo no solo de las pandillas sino del Estado y que no va a haber quien le defienda. Pero también en los últimos meses hemos podido ver que el miedo se está rompiendo, que el miedo se está dejando a un lado, porque la gente está cobrando conciencia que es ahora o nunca cuando podemos accionar. Se está cobrando conciencia de que ningún poder es absoluto y que cada quien tenemos un rol que ejerciendo lo podemos podemos hacer una diferencia.
Hay miedo, no hay quien le ponga límites y la gente tiene miedo porque hemos visto hasta donde es capaz de llegar el poder”.
Si viniera una comisión de observadores internacionales electorales, ¿qué le diría?
Lo más importante, el rol que ha tenido la Sala de lo Constitucional impuesta o ese grupo de cinco abogados que usurpan funciones en la Sala de lo Constitucional y que están ahí para proteger al poder, no para proteger a la ciudadanía y sus derechos constitucionales, eso es clave, y el hecho que la primera decisión de la bancada mayoritaria haya sido quitar a una Sala de lo Constitucional que no era afín habla de que sabían que ese era el candado más importante; la Fiscalía, igual. Luego, todas las demás instituciones.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasaba antes y ahora?, se señalaba que antes estas instituciones estaban plegadas al poder o que eran cuotas del poder, pero ahora no son cuotas de poder, es que son un apéndice. Eso no es la democracia que va a cuidar la dignidad de la gente. Es la Asamblea la que ha permitido eso, es la responsable, por eso, hay que cambiar la correlación para que sí exista un equilibrio de poderes que permita restablecer derechos, de tantas personas que les han quitado sus tierras y de tantas personas que las han despedido arbitrariamente, aunque el juez dice ‘reinstálelo’, no lo reinstalan o la gente que se han llevado a sus familiares inocentes y tienen un año de no saber nada de ellos.
También, tanta gente que ha sido perseguida, digamos por ser sindicalista o por ser líderes ambientales que están defendiendo, verdad, derechos ambientales, entonces todo eso puede cambiar con una Asamblea Legislativa o una correlación diferente y las condiciones en la ciudadanía. Lo que la ciudadanía está percibiendo en esta Asamblea abre la oportunidad para pasarles la factura y que pierdan poder en el 2024.
¿En qué forma de gobierno vive el Salvador cómo lo definiría es un régimen?
Es un régimen híbrido... Estamos en una mezcla de aspectos democráticos, cada vez son menos, y aspectos autoritarios, que cada vez son más. ¿Qué es lo que se juega? Cambiar la correlación en la Asamblea Legislativa es prioritario, estratégico y clave para la democracia, el Estado de Derecho, dicho en palabras complicadas, pero para el sentir de la gente, es para que haya quién les represente a ellos y no a una cúpula de poder económico o político, para que la gente tenga instituciones a las cuales acudir ucnado una autoridad les viola sus derechos, para que la gente tenga la posibilidad de expresarse libremente sin miedo desde que o que lo bloqueen o que los troleen o que los metan presos porque todo ese rango de temores existe y para que la gente que viene acá la Asamblea Legislativa presentar sus propuestas, a participar de la democracia, no se les reciban con barricadas. Mejor a los influencers y bitcoiners y gente plegada a un interés muy particular, se le abre las puertas, se les recibe con todo el protocolo, pero la gente que quiere exponer necesidades se les pone barricada y se les dificulta mucho poder ingresar y, si meten una propuesta con un partido de oposición, simplemente se ignora, eso no es democracia.
¿Cómo resolvería la situación de las pandillas en El Salvador?
Es una pregunta que tenemos que hacernos como país. Desde mi punto de vista y lo que yo puedo aportar en esa discusión es un enfoque desde las víctimas. Nuestro sistema de justicia y de persecución penal actualmente se enfoca en el criminal pero no en darle justicia a la víctima. Propuestas como la creación de un banco de datos genéticos para quienes han sido víctimas de desaparición víctimas de las pandillas, la gente podría donar de forma voluntaria muestra de ADN y que en el momento que se hagan excavaciones se pueda identificar el material genético de quienes fueron víctimas de esta gran afrenta a la dignidad humana y, a partir de ahí, lograr hacer investigación. También, fortalecer la independencia de la Fiscalía y su capacidad de investigación así como del Órgano Judicial. La propuesta de instalar una CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador) podría ser una oportunidad para profundizar en la relación del crimen organizado con quienes tienen el poder o individuos que tienen vínculos con el poder político. Si hubiéramos podido replicar el modelo de Guatemala, donde investigadores de talla internacional se integraban con investigadores fiscales, inspectores nacionales y fortalecían su capacidad y las técnicas de investigación, hubiese habido una oportunidad de ir jalando el hilo y llegar cómo se estructuran estas redes de criminalidad organizada, que tienen vínculos con las pandillas y con quienes han estado y están en el poder. No lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado del Departamento de Justicia, el FBI.
Partiendo de la realidad actual, 66,000 personas presas, muchos pandilleros. ¿Si le dieran el país ahorita, ¿qué haría si estuviera a su decisión?
El enfoque de nuestra propuesta es que a los criminales hay que hacerlos pagar, pero los inocentes hay que liberarlos y pronto.
¿No derogaría el régimen de excepción?
El régimen de excepción nunca ha sido necesario para combatir a las pandillas, lo necesario para combatirlas es lo que le estoy mencionando, no solo contener, sino ir a lo profundo. El tema régimen de excepción hay que abordarlo desde un enfoque de reparación, de restitución de los derechos de la ciudadanía que están suspendidos, porque un régimen de excepción es que se han suspendido derechos de todas las población salvadoreña, ¿es necesario eso para combatir a los criminales?
Siempre tiene que haber diálogo entre los partidos que aspiran a tener un rol de oposición, siempre tiene que haber puntos de encuentro, aunque en cualquier otra cosa hayan diferencias sustanciales”.
¿Una derogatoria del régimen de excepción en El Salvador no implica liberación de los pandilleros?
Claro que no, eso es la mentira que nos están vendiendo y es burda. Asumimos que la Fiscalía o que la Policía ha capturado a la gente porque ya hay una investigación y suficientes pruebas de que, si se deja libre se va a escapar y no se va a poder hacer, eso es aplicar la ley. ¿Por qué dicen que los van a tener que liberar a todos?, si han hecho bien su trabajo, pues, no los tendrían que liberar. Creo que, primero, hay que tener una reparación de las víctimas, establecer un sistema de información de quiénes están detenidos, darle al sistema judicial los recursos y capacidades para darle una salida legal a cada persona. También, todas las personas que han sido capturadas de forma arbitraria, sin pruebas y se demuestra su inocencia tienen derecho una reparación.
Es muy probable que por la falta de investigación el Estado haya necesitado el régimen de excepción para capturarlos y luego ver qué pruebas les encuentran. ¿Qué hacer si un criminal está preso y el Estado no tiene suficientes pruebas contra él?
Es que ahorita deberían estar trabajando en eso. Si aquí es ‘metamos preso a todo mundo y vemos qué les inventamos’, el mismo sistema de justicia está poniéndose en una situación vulnerable de perder el caso y de dejar libre a alguien porque la Fiscalía no hizo un buen trabajo o porque los jueces no tuvieron todos los elementos. Lo hemos venido diciendo, tal vez hay más tranquilidad, pero no hay justicia y la justicia es que no metan presos inocentes y que los criminales asuman la responsabilidad después de un juicio donde realmente se le demuestre lo que hizo y que cada quien pague según su responsabilidad, el que era colaborador porque era colaborador, el que ayudaba a extorsionar porque ayudaba extorsionar, el que ha cometido homicidios, por eso, pero si aquí todos se van por el mismo delito y no individualizamos, no vamos a poder llegar a niveles más altos de la estructura. De hecho lo que hemos visto es que a niveles más altos de la estructura, se les ha ayudado. No hay justicia. Lo que nos va a dar una paz sostenible va a ser la justicia y la reparación a las víctimas. Es sumamente complejo el reto, pero no estamos avanzando en la dirección correcta.
El perfil
Claudia Ortiz, diputada de VamosNació: 10 de septiembre de 1987, San Salvador.
Formación: Licenciada en Ciencias Jurídicas, máster en C. Políticas.
Trayectoria profesional: Coordinadora de programa Ciudadanía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (2018-2019), coordinadora de proyectos de integración centroamericana (2013-2017), consultora.
Política: Directora de asuntos políticos de Vamos.