La iniciativa contempla restricciones de visas, bloqueos de propiedades y la suspensión del financiamiento estadounidense al Gobierno salvadoreño. Además, ordena al Gobierno de Estados Unidos oponerse al envío de ayuda financiera internacional a El Salvador mientras no se respeten los derechos constitucionales y el debido proceso.
“Bajo el gobierno de Bukele, decenas de miles de salvadoreños y hasta residentes estadounidenses permanecen detenidos en megaprisiones sin el debido proceso. El presidente Bukele puede creer que tiene un aliado en el presidente Trump, pero los estadounidenses no tolerarán este ataque al Estado de derecho”, sostuvo el senador Kaine.
Por su parte, Van Hollen, quien estuvo en El Salvador visitando al deportado salvadoreño Kilmar Ábrego García, denunció que el Ejecutivo salvadoreño “recibe fondos de los contribuyentes estadounidenses para encarcelar personas como parte de un esquema para violar sus derechos constitucionales”. Añadió que esta legislación busca enviar un mensaje claro: “estas injusticias son inaceptables y deben cesar”.
Padilla, quien también ha visitado El Salvador para abogar por Abrego García, afirmó que “el régimen de Bukele sigue cometiendo atrocidades contra los derechos humanos y eliminando el debido proceso”.
Actualmente el Senado de Estados Unidos es dominado por el Partido Republicano -el mismo de Trump- con 53 senadores. Los demócratas tienen 45 senadores y dos son independientes, de manera que las probabilidad que esa legislación se apruebe es baja.
El proyecto de ley surge tras el traslado de más de 200 presuntos pandilleros desde EE.UU. hacia el penal de máxima seguridad CECOT, en un acuerdo entre ambos gobiernos. Legisladores demócratas criticaron al presidente Trump por supuestamente omitir procedimientos legales y por usar fondos públicos para encarcelar a individuos sin juicio previo.
La propuesta incluye sanciones como bloqueos de propiedades y sanciones de visas al presidente Bukele, miembros clave de su gabinete y otras personas extranjeras que trabajen en nombre del gobierno salvadoreño que hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluso en relación con el actual “estado de excepción” en El Salvador o hayan participado en el plan, incluso aceptando dólares de los contribuyentes estadounidenses, para privar a las personas que residen en los Estados Unidos de sus derechos constitucionales.
Los senadores proponen sanciones hasta al menos cuatro años después de la promulgación del proyecto de ley, a menos que el Presidente certifique ante el Congreso que el Gobierno de El Salvador ya no comete graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos ni participa en la conspiración, incluyendo la aceptación de fondos públicos estadounidenses, para privar a las personas residentes en Estados Unidos de sus derechos constitucionales. Si
Además, proponen bloquear Asistencia Financiera Internacional y prohibir cualquier financiamiento estadounidense para el Gobierno de El Salvador hasta que la certificación presidencial correspondiente se transmita al Congreso.