El Parque Infantil de Diversiones y el Parque Saburo Hirao, que estaban a cargo del Ministerio de Cultura, pasarán a ser administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), mientras desaparece la figura de "casas de la cultura", según la normativa aprobada la noche del miércoles por la Asamblea Legislativa denominada "Ley especial transitoria de compensación económica para los trabajadores del Ministerio de Cultura".

El objetivo principal de la Ley es establecer la compensación económica para los empleados y funcionarios permanentes por la “supresión de plazas” debido a la “reestructuración” en esa cartera de Estado bajo la “nueva administración”.

El 19 de junio, el presidente Nayib Bukele nombró al diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo, como nuevo ministro de Cultura.

Según el decreto, actualmente el Ministerio de Cultura administra el Parque Infantil de Diversiones y el Parque Saburo Hirao, los cuales son "espacios recreativos y de esparcimiento familiar" pero dentro del gobierno existen el Instituto Salvadoreño de Turismo, el Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo, que tienen como fines legales "la administración de parques y espacios recreativos, siendo lo pertinente que una de estas instituciones se la que administre los referidos parques”.

La ley deroga el Capítulo VII con sus artículos 89 y 90 de la Ley de Cultura, que establecía el objetivo y las funciones de las "Casas de la Cultura", asegurando que se debe a que estas no responden a las exigencias del Plan Cuscatlán. El gobierno cerró al menos 15 casas de la cultura desde 2023.

“Es obligación del Estado un modelo que integre las acciones del gobierno en el territorio para dinamizar la plena ejecución del Plan Cuscatlán, razón por la cual se debe transitar del modelo actual de las casas de la cultura a un modelo dinámico que tome en cuenta a los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (Cubos) centros culturales, bibliotecas, galerías urbanas, centros comunitarios, locales que atienda a la realidad de El Salvador”, dice la normativa.

Lo establecido en la ley, según el decreto se debe a “la necesidad de crear un nuevo modelo de gestión cultural eficaz en el territorio, en cuanto a la generación de productos y servicios culturales y eficiente en cuanto al costo operativo y a entregar la administración de espacios a las instituciones que poseen la competencia legal para administrarlos”.

La iniciativa entró ayer al pleno con dispensa de trámite y fue aprobada por 57 votos de Nuevas Ideas y aliados, Vamos se abstuvo y Arena no votó.