Una reforma al Código Procesal Penal que será aprobada hoy por la Asamblea Legislativa obligaría a los defensores a mantener su trabajo de defensa en procesos penales contra imputados presentes o ausentes, y los inhibiría a renunciar sin causa justificada.
De acuerdo a la reforma al artículo 104, el abandono injustificado del defensor particular del imputado –no detalla si presentes o ausentes– provocará que el juez decrete la suspensión del ejercicio profesional y remita la sanción a la Sección de Investigación Profesional, dentro de tres días, para iniciar un procedimiento sancionatorio.
Otra reforma al artículo 132 indica establece que será infracción disciplinaria “la renuncia del defensor del rebelde a partir de la audiencia preliminar sin causa justificada”. Esta reforma únicamente aplicaría para imputados rebeldes.
Actualmente la ley establece un mecanismo de sustitución de un defensor público en caso de renuncia del defensor privado y el nombramiento de un defensor de oficio cuando el defensor renuncie. La reforma permite que el imputado ausente también nombre a un defensor particular "desde las diligencias iniciales" y, si no lo hace, el juez pedirá un defensor público.
Según la reforma, el defensor público, nombrado si el imputado lo pide en un inicio, “lo representará en todo el proceso hasta su culminación”. Además, el imputado ausente deberá ser representado "en todo el proceso por su defensor" pero que "en caso de no haber nombrado" se asignaría uno "de oficio".
La reforma señala que el defensor de oficio nombrado por el juez “no podrá negarse a desempeñar el cargo” y que, en una vista pública, el defensor que sustituyó al que renunció “no asumirá la defensa del imputado si no está preparado de forma suficiente para actuar durante la audiencia correspondiente”.
La reforma será aprobada este miércoles en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, junto a la reforma a otros artículos que intentan garantizar que las sentencias no sean suspendidas pese a la ausencia o rebeldía de los imputados o acusados.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, esta reforma permitiría juzgar a más de 80,000 personas ausentes.
