La aplicación de esta medida para combatir a las pandillas ha sido criticada por partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos por denuncias de casos de violaciones a derechos humanos, mientras que el oficialismo insiste en que seguirá con la prórroga cuantas veces lo pida el gobierno.
Al ser consultado cuánto tiempo se mantendrá el régimen de excepción sostuvo que será cuando lo indique el Ejecutivo. "El gabinete de Seguridad va a determinar el tiempo que lo necesitamos", afirmó."Lo que determine el Ejecutivo, porque yo creo que ha sido una medida sumamente rentable para los salvadoreños, ha permitido atraer turismo, ha permitido atraer inversión, ha permitido que seamos un país en paz".
Christian Guevara,
jefe de la fracción de Nuevas Ideas
El régimen de excepción suspende por 30 días tres garantías sobre el derecho de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia.
Fue aprobado a solicitud del Ejecutivo en una sesión plenaria extraordinaria en reacción a un alza de homicidios los días previos atribuidos a las pandillas.
De acuerdo a diputados de oposición, el gobierno cuenta con suficiente legislación para detener a las pandillas sin tener que aplicar un régimen de excepción en el que se ha capturado a personas que no tienen vínculos con esas estructuras criminales.
Rodrigo Ávila, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), recordó que dieron su aval a la implementación del régimen la primera vez, pero que ya no se aplica la excepcionalidad.
"En un principio creo que fue una medida acertada, pero para hacerla sostenible en el tiempo no se puede tampoco manejar esto dentro del marco de la excepcionalidad, porque entonces esa excepcionalidad de alguna manera cubre y alcanza a cualquier salvadoreño que no tenga ninguna conducta que riña con la ley".
Rodrígo Ávila,
diputado por ARENA
Reiteró que una propuesta que no se ha discutido es la del registro nacional de pandillas y la ley de defensa social que permitirían identificar y procesar a los miembros de las pandillas.
En el caso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) enfatiza su oposición al régimen de excepción y critica la falta de una política integral en materia de seguridad.
"Lo que hemos señalado desde el inicio es que el gobierno ha tenido herramientas suficientes para poder combatir el crimen, ir detrás de las pandillas".
Anabel Belloso,
diputada del FMLN.
Cuestionó que el gobierno no ha informado en detalle si se resolvieron los 86 homicidios que motivó la implementación del régimen.
"El gobierno no dice nada hasta la fecha, no explica y no transparenta qué es lo que pasó", agregó.
Para la oposición, las circunstancias que generaron el régimen de excepción ya no se mantienen.