La ley, que inició su vigencia a finales de agosto de 2023, permite la donación de tejido u órganos de personas fallecidas, con muerte encefálica, circulatoria o violenta, crea un Registro Nacional de Donantes y Receptores, así como un Registro Único de Compatibilidad de Trasplantes, con los datos de paciente aptos, preparados y listos para recibir un trasplante avalados por la junta de delegados del CST con principio de “igualdad y equidad”.
Luego de la presentación del informe de labores por el ministro de Salud, el diputado Amílcar Ayala, de Nuevas Ideas-Gana, presidente de la Comisión de Salud, le preguntó al funcionario: "¿Se está tomando en cuenta lo que es la lista única de espera? Algunas personas preguntan cómo se está haciendo, de qué manera se puede hacer para tener acceso. Es importante mencionarlo porque de esa manera se le aclara a la población".
El ministro respondió que todavía trabajan con donantes vivos y que "en algún momento se va a llegar al tema del donante fallecido", lo cual les permitirá incorporar a la población a la lista de espera, aunque aseguró que "se está abordando todo lo que tiene que ver con la ley de trasplante".
Uno de los principales aspectos es que todavía estamos trabajando con el donante vivo, uno de los parámetros más básicos que parte tener la disponibilidad del trasplante es el contar con el donante. En la medida se va avanzando y en algún momento se va a llegar al tema del donante fallecido, eso nos va a permitir hacer la incorporación mucho más eficiente de la lista única de trasplantes, que nos va a permitir que toda la población ingresar de manera ordenada a esta lista. Francisco Alabí, ministro de Salud.
De acuerdo a un experto en el tema, la nueva normativa permite que el donante sea un paciente con muerte cerebral pero tiene la deficiencia que "no incluyeron el banco de órganos, pues un requisito es tener el almacén de órganos".
"De lo contrario, deberá de hacerse un trabajo de inmediatez entre el donante con muerte cerebral y el donante y eso es imposible. Si el donante tiene muerte cerebral, está a punto de desconectarse y, si eso pasa, el riñón se necrotizará; por otro lado, al riñón del donante con muerte cerebral hay que hacerle muchas pruebas y en el país es un proceso lento porque no hay un hospital solo de trasplante como en la mayoría", afirmó.
La ley fue aprobada el 5 de abril de 2022, el presidente Nayib Bukele la observó el 22 de abril de 2022, que fueron aprobadas el 14 de febrero de 2023. La normativa establece el derecho a recibir un trasplante con “indicación médica” si cumple “criterios médicos científicos”, prohíbe que los pacientes publiciten solicitudes individuales de órganos, y establece que los gastos médicos serán cubiertos por el receptor del órgano trasplantado si este se hizo en hospital privado. Además, el anterior Centro Nacional de Trasplante (Centra) es sustituido por el “Consejo Salvadoreño de Trasplantes (CST)” y el director será nombrado por el presidente de la República cada tres años y ya no por el Ministerio de Salud. El CST –conformado por una junta de delegados– autorizará tarifas de trámites de donación y trasplante, certificará a los profesionales y establecimientos de salud que almacenen componentes anatómicos.