El último balance público del partido Arena muestra que no tenía capacidad de pago de sus deudas ni con sus propios activos. Fotografía: Dennis Argueta.
El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) tenía unas finanzas complicadas desde la campaña presidencial de 2019.
Al finalizar diciembre de 2019, precisamente antes del año de la pandemia, este partido político no podía pagar sus deudas a corto plazo.
Partiendo de sus balances financieros, la organización Acción Ciudadana analizó la liquidez, endeudamiento y variación de ingresos de este partido político.
Una de las conclusiones fue que la liquidez del partido para pagar sus deudas era negativa. Esto quiere decir que sus activos en ese momento –bienes y dineros que podían convertirse en dinero en menos de un año– no le permitían pagar sus deudas.
La capacidad de pago que el partido posee sobre las deudas a corto plazo es negativa. El partido tiene así más deudas de las que puede cancelar”. Informe de Acción Ciudadana.
El total de deuda a corto plazo ascendía a $12.2 millones pero sus activos era solo $537,328.09.
En otras palabras, si Arena hubiera vendido todos sus bienes al inicio de 2020 apenas hubiera podido pagar el 4.39 % de sus deudas de corto plazo.
El nivel de endeudamiento del partido es preocupante debido a que sobrepasa más del 100% de sus activos totales; su nivel de endeudamiento no es manejable. El partido necesita de más liquidez para hacer frente a sus obligaciones”. Informe de Acción Ciudadana.
Esto sin contar que los ingresos de Arena cayeron a la mitad en 2019, de $15.6 millones a $8.05 millones. Además, tuvo más gastos que ingresos: gastó $8.8 millones y le ingresaron $8 millones.
Los bienes de Arena –la deuda política 2021, dos inmuebles y 17 vehículos– fueron tomados por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de que, según la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, agentes especiales de la Unidad de Extinción de Dominio recibieran una orden de confiscar los bienes por el desvío de fondos de Taiwán al partido político.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la solicitud fue presentada el viernes 2 de julio al Juzgado Especializado de Extinción de Bienes. Ese mismo día ordenó la confiscación.
El total inmovilizado asciende a $3.9 millones, de los cuales $2.9 millones corresponden a la deuda política.
El caso Taiwán en síntesis
Cuatro cheques a nombre del expresidente Francisco Flores fueron depositados entre 2003 y 2004 a la cuenta del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth, que a su vez transfirió dichos fondos a la cuenta especial del Coena.
El 28 de octubre de 2003, Flores depositó dos cheques, uno por $4 millones y otro por $1 millón; el 28 de enero de 2024 depositó otros dos cheques, uno por $2 millones y otro por $3 millones. Luego, de ese Centro de Estudios Políticos se hicieron 11 transferencias, del 18 de noviembre de 2003, por $1 millón, hasta la última de $11,118.36. El remanente de la cuenta fue $5.20, el 27 de abril de 2004.
En agosto de 2018, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio contra inmuebles a nombre de Francisco Flores.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió de la responsabilidad civil a Flores y, el 5 de julio de 2019, la Cámara Segunda de lo Penal anuló el proceso penal iniciado contra Flores por violación de la garantía de doble persecución, aunque ello eximía de responsabilidad civil.