Miguel Ernesto, padre de un bebé de tres meses de edad, trabajaba como repartidor de tambos de gas en Olocuilta cuando el 9 de abril pasado, a eso de la 1:30 de la tarde recibió una llamada para ir en motocicleta a dejar un tambo de gas al caserío Casaloma, en las afueras de la ciudad. Llamó a su madre para decirle que regresaría en unos 15 minutos.
Pasado el tiempo y como su hijo no regresaba Sara comenzó a llamarle, pero el teléfono sonaba apagado. La preocupación se acrecentó al llegar la noche pues el cliente a quien llevaría el tambo de gas le dijo que nunca se lo llevó, además algunas personas le contaron que vieron que a su hijo lo llevaban a pie unos pandilleros en las cercanías del Complejo Educativo Nuestra Señora de la Paz, en Casaloma. Hasta ahora no ha aparecido ni siquiera la motocicleta.
Desde entonces lo han buscado en hospitales, cuerpos de socorro, puestos policiales y hasta en Medicina Legal. Sara, su esposo Miguel y Jaqueline, la compañera de vida de Miguel Ernesto, han roto la cuarentena y por pura necesidad han salido a buscarlo exponiéndose a ser llevados a centros de contención.
Ni Sara ni su esposo Miguel están trabajando por la emergencia, se la pasan sin apetito y sin poder dormir, pero eso es lo de menos, pues ellos están dispuestos a no parar de buscar a su hijo, ya sea vivo o muerto.
En Olocuilta Miguel Ernesto es bien conocido. Él, al igual que sus padres, son Testigos de Jehová. El muchacho nunca había recibido amenazas de muerte ni se llevaba con miembros de pandillas. Cuando fue estudiante de básica y bachillerato perteneció a los grupos de danza, estudio cursos de inglés, computación y muchos oficios. Siempre fue conocido como un joven sano, trabajador y muy responsable con su hijo y su compañera de vida. Desde hace un par de años trabajaba como repartidor de gas licuado y por eso era muy conocido en la ciudad y sus alrededores. Aquel Jueves Santo, pese a la emergencia decidió salir a trabajar.
La familia de Miguel Ernesto puso la denuncia en la Policía Nacional Civil y en la Fiscalía General de la República. En la PNC le ayudan a buscarlo, pero en la FGR le dicen que hasta que pase la pandemia, porque ahora son otras las prioridades.
El caso de Miguel Ernesto ha sido publicado en muchos medios escritos, televisivos y virtuales. La conmoción de las personas que lo conocen es grande, pues no se explican cómo un joven tan sano pueda estar desaparecido por el accionar de grupos terroristas. Sus padres claman porque les informen sobre su paradero y desgraciadamente la situación sanitaria que vive el país y el mundo entero impide que la población pueda organizarse para su búsqueda.
Los homicidios han disminuido (salvo desde el viernes al domingo anterior cuando hubo más de 50 homicidios) por efecto de la emergencia y por las políticas de seguridad del actual Gobierno. Sin embargo, las desapariciones siguen, tal vez en menor cantidad que hace algunos meses, pero siguen doliendo en la sociedad salvadoreña.
Los grupos de pandillas (terroristas por fallo de la Sala de lo Constitucional) siguen haciendo de las suyas y desapareciendo a personas, especialmente a jóvenes sanos a quienes deben seguir enterrando en cementerios clandestinos. Ojalá que este no sea el caso de Miguel Ernesto, cuyo hijo Cristopher apenas es un bebé.
Actualmente soldados y policías están cumpliendo muy bien su necesario rol dentro de la pandemia, sin embargo las autoridades de Seguridad Pública y la misma Fiscalía, no deben quitar el dedo sobre el reglón y seguir combatiendo el accionar de las pandillas, pues aunque con menos frecuencia, homicidios, extorsiones y desapariciones continúan.
Miguel Ernesto es solo un desaparecido más entre muchos que han sufrido esa desgracia en tiempos de cuarentena. Dios quiera que aparezca vivo y que su familia encuentre apoyo de las autoridades salvadoreñas para que su angustia se desvanezca y que el pequeño Cristopher tenga la oportunidad de criarse al lado de su padre.