El abogado Salvador Anaya pidió a la Sala evitar un posible impago de la deuda./ DEM
La suspensión de la ejecución del presupuesto general de la nación de 2017 como medida cautelar es urgente, según el abogado que pide declararlo inconstitucional, debido a que solo así el Gobierno no caería en impago de más de $55.2 millones a deuda e intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
El abogado Salvador Enrique Anaya presentó, el pasado 31 de marzo, un escrito a la Sala de lo Constitucional, para pedirle que suspenda el presupuesto 2017 porque éste únicamente tiene $1,000 para el pago de los CIP. La intención es que se aplique el presupuesto de 2016, el cual prevé una partida de $100 millones para este fin.
“Se está apenas a siete días para que el Estado deje de pagar a los millones de trabajadores afiliados al SAP lo que en derecho les corresponde por la inversión obligatoria en CIP y que el Estado salvadoreño inicie el grave proceso de incurrir en situación de impago”, reza el escrito.
Según el abogado, la gravedad de la situación se presentará a partir del próximo 7 se de abril. Si no se aplica esta medida cautelar o se hace “una reforma legislativa de urgencia”, el Gobierno dejará de pagar la amortización de capital e intereses de los CIP emitidos y en consencuencia “el Gobierno incurrirá en impago de sus obligaciones financieras”.
“No me gusta ser agorero, ni juglar de malos tiempos, pero la situación se advierte complicada para los trabajadores y, en general, para el país. Como la Sala de lo Constitucional ha guardado silencio por más de 15 días en relación a la demanda de inconstitucionalidad hemos presentado un escrito”, expresó.
Asegura que la deuda del Gobierno se sostiene hacia más de dos millones de salvadoreños afiliados al SAP, debido a que los fondos invertidos en los CIP son ahorros de los trabajadores cotizantes de las administradoras de fondos para pensiones (AFP). En 2017, el Estado requiere $230 millones para amortizar capital e intereses de los CIP ya emitidos.
La Asamblea Legislativa aprobó, el pasado 18 de enero de 2017, el presupuesto de este año con un financiamiento de $1,000 para el pago del servicio de deuda de los CIP, pero con la promesa de que se buscarían fondos para esta partida.
$37 Millones
El Estado salvadoreño debe pagar $37,126,569 en intereses de los CIP en diferentes fechas de abril de 2017.
$18 Millones
El Estado debe pagar $18,090,572 en capital de los CIP a partir del 7 de abril hasta el 20 de abril de 2017.