El país prácticamente no tiene espacio fiscal porque tiene un crecimiento bajo y un alto nivel de endeudamiento. / DEM
La obtención de los $1,000 millones de bonos que hizo el Ejecutivo para paliar la crisis asegurarán recursos para el Estado hasta después de las elecciones de 2021, por lo que para el economista Maurico Choussy el Gobierno debe garantizar un acuerdo de derecho de giro con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) insiste en que las condiciones para el repunte de la economía son complicadas y que se hará necesario firmar un acuerdo precautorio (“stand-by”).
Para un acuerdo con el organismo será necesario el compromiso de implementar un ajuste fiscal que Choussy estima del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), el cual permitiría estabilizar la deuda a niveles de 2019 (un 60 % con relación al PIB) apenas en 2024.
Un ajuste de tal magnitud se lograría con la revisión al alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la implementación del impuesto predial, el monotributo y la factura electrónica, temas pendientes e incluso difíciles de abordar en la antesala de una campaña electoral.
Choussy brindó estos detalles en una presentación, el martes, a la Asociación de Graduados del INCAE El Salvador, donde explicó que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ya habría enviado una carta al Fondo en búsqueda de un acuerdo, pero que las negociaciones no han comenzado.
El economista advierte que las finanzas públicas se encuentran en una coyuntura difícil debido a que los pagos de intereses presionarán por más ingresos, empujarán a recortes a la inversión y obligarán a la optimización de los recursos disponibles.
“Cuando vemos el déficit del sector público notamos que el año pasado pagábamos $991 millones (en interés) , para 2020 la cifra será $1,600 millones y 2021 ya estaríamos hablando de $1,800 millones de intereses”, dijo el analista que ve cuesta arriba la situación en un país que reporta ingresos anuales de unos $5,000 millones anuales, con lo que solo el pago de los intereses deuda ocupará hasta el 20 % de dichos ingresos.
Choussy destacó que idealmente un acuerdo de este tipo debió alcanzarse antes de hacer la emisión de bonos por $1,000 millones, pero destacó que optar por no hacerlo se sustenta en la cercanía con las elecciones.
Añadió que ir al mercado con una emisión de $1,000 millones lo lógico sería que se tramitara con el FMI y el Banco Mundial cuyas tasas están entre 2 % y 3 %.
Acuerdo necesario
El expresidente del BCR insiste en que El Salvador aún cuenta con espacio para firmar un acuerdo negociado y no de una imposición.
“El acuerdo monetario será necesario o buscamos un stand-by cuando tenemos posibilidades que sea donde negociemos las condiciones (...)Si no entramos a una arreglo probablemente la crisis nos llevará a pedir que nos financien y en ese caso el menú no se negocia, sino dice ‘mire le presto con estas condiciones’”, ejemplificó.
El Fondo Monetario Internacional retieró en abril pasado sus recomendaciones a El Salvador de aplicar medidas permanentes para incrementar sus ingresos y reducir sus gastos entre 2021 y 2024.
En su reporte correspondiente al préstamo de $389 millones, que aprobó el directorio ejecutivo del FMI para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia en El Salvador, la entidad hablaba de un ajuste del 3 %.
El multilateral presentó, como parte del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), una serie de medidas para aplicar un ajuste fiscal en los próximos tres años y colocar la deuda pública en una tendencia decreciente para 2030.
Panorama fiscal 2020
Nueva emisión
El Salvador colocó $1,000 millones el 8 de julio para un período de 32 años y una tasa de interés del 9.5 %, la más alta desde 2002 . En el proceso participaron Santander y Scotiabank como corredores.
Desgaste
El riesgo país medido por el EMBI se ha mantenido al alza desde la emisión, tendencia que no ha ocurrido con el índice global ni en los mercados emergentes. El que compró los bonos “perdió una parte de valor”.
Ingresos
El economista cree que el país debe cambiar la forma en la que ve la deuda y pasar de un porcentaje con relación al PIB a una de ingresos. Explicó que el país se encamina a una deuda de $22,000 millones.
