La semana pasada, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para crear una ZEE en 26 municipios de la zona oriental del país. La intención es atraer inversión privada en centros logísticos que gozarán de exenciones fiscales perpetuas.
Por ejemplo, las empresas no pagarían el Impuesto sobre la Renta (ISR) durante los primeros 25 años que permanezcan en la ZEE. En los siguientes cinco años solo pagarían el 70 % y concluído ese plazo se quedarían tributando solo el 50 % de lo que corresponde mientras duren sus operaciones.
También, incluye una exención al impuesto sobre las utilidades o dividendos durante 12 años, así como de aranceles y tasas municipales.
No es lo que el país necesita
Carlos Pérez, asesor de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), consideró que lo ofrecidos por las ZEE no son los incentivos que El Salvador necesita para atraer inversión.
Si una empresa quisiera colocar su capital en el país, lo podría hacer y obtener diferentes beneficios fiscales con las normativas ya existentes, entre ellas la ley de zonas francas, señaló.
“Esta nueva ley, en mi opinión, viene a convertirse en una disposición que será casi, tal vez no letra muerta, pero sí muy cerca, porque no tenemos como país los verdaderos incentivos que los inversionistas quieren para poder colocar su capital”, indicó.
Pérez recordó que en los informes del Doing Business, elaborados por el Banco Mundial, los empresarios salvadoreños siempre señalan como principales obstáculos para invertir la inseguridad física, la corrupción, la inestabilidad política, la certeza jurídica y la burocracia. “Esos son los verdaderos incentivos que los inversionistas quieren para poder colocar su capital en un país y nosotros no tenemos eso”, reiteró.
Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró que las propuestas de la ley ZEE “son recetas para el siglo XX con problemas del siglo XXI”, pues enfatizó que “los mismos empresarios salvadoreños dicen que hay factores más determinantes a la hora de tomar decisiones de inversión, como el crimen y delincuencia, corrupción, burocracia pública ineficiente o inestabilidad política.
Castaneda indicó que hace falta analizar con profundidad la propuesta desde el punto de vista legal, para determinar no solo si violaría la soberanía nacional, también si no contraviene la Constitución de la República, pues “el Estado renuncia de por vida a cobrar impuestos”.
El asesor de Funde destacó por su parte que más allá de un deterioro en la recaudación por las exenciones, se debe considerar si estos beneficios logran atraer inversión de alto valor agregado. El problema, continuó, es que El Salvador ofrece diferentes incentivos tributarios y la estructura productiva se mantiene con un bajo valor agregado.
El país, ejemplificó, tiene una ley de zonas francas desde hace 28 años y “no se ve un aporte sustancial a que la economía ascienda en calidad. Es un mundo de subdesarrollo porque hay industria de poco valor agregado”.