La demanda se interpuso en la Sala de lo Constitucional a manos de los representantes de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES), la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (Cifacil), la Organización de Apoyo al Sector Privado para las Negociaciones Comerciales Internacionales (ODASP) y gremiales de productores de caña de azúcar con el apoyo de los sindicatos de trabajadores.
“La denuncia del tratado ha sido inconsulta e irresponsable, no siguiendo los procedimientos que establecen la ley ni la Constitución. Como sectores productivos nos sentimos altamente agraviados y afectados, porque vamos a tener pérdidas económicas sustanciales”, comentó Mario Salaverría, presidente de la AAES.
Javier Argueta, asesor legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), explicó que la demanda se basa en vicios de fondo y forma que ocurrieron en el proceso de cancelación del TLC con Taiwán por parte de Cancillería, el pasado 13 de diciembre y con fecha límite para su efecto el próximo 15 de marzo.
En los vicios de forma se encuentra que la Constitución de la República establece que los tratados comerciales deben derogarse como las leyes. Es decir, explicó, se consulta a los sectores involucrados, se analiza en el Órgano Ejecutivo y se traslada a la Asamblea Legislativa, donde se autoriza la cancelación y Cancillería realiza la denuncia ante la contraparte.
La denuncia también se basa en la omisión por parte del Gobierno salvadoreño a Taiwán como “sujeto internacional” pese a que los tratados comerciales se rigen por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que reconoce Estados y zonas fronterizas. La península taiwanesa es ante la OMC un territorio, reconocido desde 2002, como Taipei Chino.
Argueta aseguró que el tratado da la opción de consulta de los cambios, así como su derogatoria, pero “a la fecha el sector azucarero y los exportadores no tienen ningún documento del límite del 15 de marzo”. Un cuarto vicio, agregó, es que el marco normativo del TLC establece un plazo de 180 días para dejar sin efecto los lazos comerciales, mientras que el Gobierno solo dejó tres meses.
“Se invoca a seguridad jurídica y a la violación al derecho de propiedad, hemos insistido que el ministro de Relaciones Exteriores puede tener responsabilidad patrimonial si se llegan a perder contratos por la Ley de Procedimientos Administrativos”, agregó.
Junto a la demanda, las gremiales presentaron la tarde del miércoles un amparo de nulidad a la Sala de lo Constitucional con vulneraciones concretas y plantea intereses difusos. El asesor legal de la ANEP adelantó que si llegado el 15 de marzo y los magistrados no han resuelto los dos recursos, “estamos preparando demanda de contencioso administrativas para efectos de suspender inmediatamente la prohibición de exportar e importar”.
¿Qué piden ante la denuncia del TLC con Taiwán?
Medida cautelar
Los demandantes solicitaron a la CSC una medida cautelar de manera urgente, pues de no suspender los efectos de la denuncia del TLC se dañarán los derechos a la seguridad jurídica, con efectos en los sectores productivos y la economía salvadoreña.
Entregar información
A tres semanas que se cancele definitivamente el TLC con Taiwán, el sector productivo afectado no dispone documentación oficial de la denuncia que representó Cancillería a China Popular. Piden a los magistrados que se ordene la entrega de información.