En el informe “El Salvador Economic Viewpoint. With great political power comes great fiscal responsibility” (Punto de vista económico de El Salvador. Un gran poder político conlleva una gran responsabilidad fiscal), destaca que las negociaciones -anunciadas en abril- continúan pese a la crisis política que desató la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general el 1 de mayo, además de las advertencias generadas por organismos financieros -incluído el mismo FMI- por la aprobación exprés de la Ley Bitcoin en el 9 de junio.
Sin embargo, la entidad anticipa que un acuerdo requerirá de ajustes que pueden resultar en medidas impopulares.
“El acuerdo con el FMI, si finalmente se confirma, requerirá capital político para tener éxito”, dice en su análisis el banco estadounidense que además recalca que este implicará un ajuste fiscal y la aprobación de reformas en la Asamblea Legislativa que podrían no ser del todo populares.
BoFA estima que el gobierno tiene margen para maniobrar y poner en marcha los ajustes que se prevé se necesiten para mejorar las finanzas estatales.
La entidad retoma las declaraciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que manifestó que el acuerdo sería de unos $1,300 millones y que implicaría un ajuste de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
“El alto capital político y los altos índices de aprobación brindan un ‘amortiguador’ contra medidas potencialmente impopulares que probablemente formen parte del ajuste fiscal y reducen los riesgos de protestas sociales (como sucedió recientemente en Colombia)”, dice el informe de 25 páginas elaborado por BoFA Securities.
El análisis también matiza que algunos inversionistas creen que “la concentración de poder en El Salvador es un riesgo de gobernabilidad”, pero el banco estima que “los beneficios superan los costos potenciales”.
Efecto bitcoin.
El BoFa destaca los altos niveles de popularidad de Nayib Bukele, la que se refleja en la amplia mayoría de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa (62 de 84 votos).
La entidad estima que El Salvador también puede lograr un punto en común en temas relacionados con gobernanza e implementación de la Ley Bitcoin de cara a la negociación con el multilateral.
“Reconocemos que la legalización de bitcoin está retrasando las negociaciones con el FMI, pero no creemos que sea un factor decisivo”, dice el informe. También valora que “la legalización del bitcoin como moneda de curso legal no significa que no es probable que se produzca un acuerdo con el FMI”.
BoFA Securities también insiste en que no se conocen las normativas para la Ley Bitcoin, la cual se espera entre en vigor el próximo 7 de septiembre, pero anticipa que “podría retrasarse”.
El alto capital político y los altos índices de aprobación brindan un amortiguador contra medidas potencialmente impopulares”. Análisis de BoFA Securities
Control de la deuda.
El banco estadounidense también dice que el país, a la base de un acuerdo, se ve obligado a reducir su ratio de deuda.
“Creemos que el programa del FMI probablemente apuntará a los saldos fiscales primarios que hacen que el índice de deuda de El Salvador tenga una tendencia a la baja y no solo a estabilizarse”, valora el análisis.
También estima en que “la mera estabilización del índice de deuda pública no es suficiente para garantizar condiciones macroeconómicas saludables para un país con una deuda muy alta, que superó el umbral del 90% del PIB en 2020”.
El BoFA calcula que El Salvador debe apuntar a un saldo primario que sea superior al 1.8 % del PIB. “El ministro Zelaya mencionó un esfuerzo fiscal de cuatro puntos porcentuales del PIB, lo que pensamos equivale a un superávit fiscal primario entre el 2 % y el 3 % del PIB.
El dato
BoFA dice que “restaurar la credibilidad de la política fiscal es clave para mantener el acceso al mercado y afrontar el pago de $800 millones de eurobonos que vencen en 2023.
La ruta del acuerdo del FMI con el Gobierno de El Salvador
- 4 de marzo
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anuncia el inicio de las conversaciones para un acuerdo por hasta $1,300 millones.
- 1 de mayo
La nueva Asamblea Legislativa (oficialista) destituye a magistrados de la CSJ y al fiscal general, y se genera condena internacional.
- 9 de junio
La Asamblea aprueba con 62 votos la Ley Bitcoin, cuatro días después de que Nayib Bukele anunciara el plan de adopción.
- 24 de junio
El FMI confirma que las negociaciones siguen, pese a los cuestionamientos públicos por la adopción del bitcoin como moneda.