El BID presentó esta semana su informe “Mejor gasto para mejores vidas”, en el que establece que, durante los últimos 20 años, el gasto público en América Latina y el Caribe aumentó en promedio siete puntos, pero sin conseguir avances en el capital físico y humano debido a factores como la mala administración de subsidios, compras del Gobierno y pago a empleados.
Según la estimación del BID, El Salvador destina hasta un 6.5 % de su PIB cada año en remuneraciones a empleados, “derroche” en compras públicas y transferencias focalizadas del Gobierno; solo le sobrepasa Argentina, que asigna el 7.2 % de su Producto Interno a estas tres variables.
El capital destinado a remuneraciones de los gobiernos latinoamericanos representa un 29 % del gasto público y más del 8.4 % del PIB regional; sin embargo, en el caso de El Salvador, equivale a casi el 40 % del gasto público y hasta un 10 % del PIB interno.
El estudio destacó que “los errores, el fraude o la corrupción reducen la eficiencia económica de estas intervenciones, disminuyendo la cantidad de dinero destinada a los beneficiarios focalizados”.
El alcance del fraude y de los errores en los sistemas de protección social de la región, abarca entre el 2 % y el 5 % del total del gasto público en estas transferencias, que son más habituales en los programas de protección social de los países menos desarrollados, debido a la limitada capacidad administrativa y a la ausencia de estrategias, indicó el BID en su informe.
En El Salvador, hasta un 1.6 % del gasto público destinado a los programas sociales se pierde en filtraciones a causa de problemas de focalización, y baja calidad administrativa en las transferencias del Estado. En el caso de los subsidios, un 1.5 % de los fondos se filtran, entendido como las personas no pobres que se favorecen con subvenciones.
Aumenta gasto
El gasto y concesión neta de préstamos del Sistema Público No Financiero (SPNF) acumulado entre enero y julio pasado sumó $3,710.9 millones, equivalente a un crecimiento del 12 %, indican las estadísticas del Ministerio de Hacienda, recopiladas por el Banco Central de Reserva (BCR).
Según el BCR, el gasto en los primeros siete meses fue $389.2 millones superiores a los $3,321.7 millones que se reportaron en el mismo período de 2017. De la suma reportada este 2018, $3,201.3 millones corresponden a gastos corrientes que incluyen el pago de intereses por el servicios de la deuda, consumo y transferencias corrientes.
Además, abarca $508.86 millones que se derivan de los gastos de capital, donde se incorpora la inversión bruta del Gobierno y las empresas públicas no financieras. Por otro lado, los datos del BCR revelan que el gasto del SPNF al término de 2017 fue el más alto desde 1990, pues acumuló $5,956.79 millones, $201.64 millones adicionales a los $5,755.15 millones reportados al cierre de 2016.
