La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) propuso esta tarde retrasar la entrada en vigor de la Ley Bitcoin.
La gremial sugiere retrasarla en 60 días a partir de la divulgación de los reglamentos los cuales aún no han sido presentados. La entrada en vigor de la Ley Bitcoin, prevista para el próximo 7 de septiembre.
La Camarasal, que representa a más de 2,000 agremiados en todo el país recalca, que la falta de información sobre la legislación aprobada en junio ha generado incertidumbre.
Proponemos atrasar la entrada en vigor de la ley y que se cuente con un plazo de, al menos, 60 días para su implementación, a partir de que se haga público el correspondiente reglamento”, Pronunciamiento de Camarasal
La entidad insiste que como debió suceder con la ley el reglamento que regirán a la Ley Bitcoin “debe ser construido y consultado con diferentes sectores y expertos”.
El lunes el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, reconoció que las normativas que regirán la legislación todavía están en elaboración, pero reveló que esta será sometida a una consulta, aunque no dio más detalles del mecanismo.
La Ley Bitcoin ha generado mucha incertidumbre en la población, y por supuesto en el sector empresarial. No contar con un reglamento hasta el momento, que establezca la forma en que funcionará esta moneda en el país, genera aun más inseguridad entre los salvadoreño”, Pronunciamiento de Camarasal
Esta mañana el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña que el uso del bitcoin es "opcional" y que no ve necesario reformar el artículo 7 de dicha ley en donde establece la obligatoriedad para aceptar pagos cuando sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio.
Zelaya dijo aseguró que el dólar no será desplazado por el bitcoin y que su adopción será un proceso gradual.
El Salvador es el primer país en el mundo en aprobar una ley de este tipo con la que la más popular de las criptomonedas, un tema que ha sido cuestionado por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos Mundial e Interamericano para el Desarrollo que ven riesgos en la volatilidad de la cotización de un activo descentralizado.