A dos meses de que el actual Gobierno entregue las riendas del Ejecutivo, laComisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) decidió dejar la responsabilidad de licitar el Puerto de La Unión Centroamericana (PLU) a la nueva administración.
Nelson Vanegas, presidente de CEPA, confirmó que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) aún no entrega la no objeción para lanzar la licitación, pero se acordó que “definitivamente el nuevo Gobierno debe de valorar lo que se ha hecho en el puerto de La Unión”.
La autónoma requiere la no objeción de JICA pues es quien financió $101.3 millones de los $180 millones que costó construir el puerto. La inquietud de la agencia radicaba en la posibilidad de utilizar la terminal para fines militares, esto llevó a que el Gobierno enviará una carta a Japón en la que expresaban que la Constitución de la República no permitía darle ese uso.
Vanegas enfatizó que será decisión del nuevo Gobierno continuar el proceso para poner en operaciones la terminal, pues la actual administración termina en dos meses, el 31 de mayo, y “no queremos realizar una licitación” porque el próximo Ejecutivo sería quien entraría al “proceso de aprobar” la adjudicación, explicó.
Definitivamente el nuevo Gobierno debe de valorar en el puerto de La Unión. No queremos realizar una licitación porque es quien va a adjudicar”
Nelson Vanegas
Presidente de CEPA
Un año más sin operar
El 28 de mayo próximo se cumplirán cuatro años del fallido intento por concesionar el puerto de La Unión. En esa fecha, pero de 2015, CEPA declaró desierta la licitación que lanzó en septiembre de 2014 porque ninguna de las cuatro empresas interesadas entregó oferta.
En octubre de 2018, la autónoma lanzó una consulta internacional para encontrar una empresa operadora. Este proceso generó polémica después de que la Embajada de Estados Unidos advirtiera sobre falta de transparencia e incertidumbre, además del interés de la empresa china APX de arrendar terrenos en la terminal.
CEPA siempre aseguró que disponía de las bases de licitación y que las empresas interesadas tenían acceso directo a toda la documentación de la terminal. Este andamiaje legal nunca se conoció de manera pública, pero sí contó con la aprobación de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) y la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), dependencia del Ministerio de Hacienda.
Incluso, CEPA declaró como información reservada el primer estudio de sedimentación y evaluación ambiental que se realizó en el canal de navegación del puerto, elaborado por la empresa GAMMA, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (Citma).
La autónoma aduce que la divulgación de esta información puede “afectar el procedimiento y las finalidades de los entes en que los procedimientos se desarrollan”. Ese estudio contiene datos sobre la factibilidad de crear nuevos sitios de disposición del material dragado, uno de los principales problemas del puerto.
