La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de Eliminación de Barreras Burocráticas junto a la Ley de Mejora Regulatoria, que permitió institucionalizar al OMR y cumplir uno de los compromisos que asumió el país con la estadounidense Corporación Reto del Milenio (MCC), el principal financista de Fomilenio II.
Ahora adscrito a la Presidencia de la República, el OMR continuará revisando los procesos, leyes y regulaciones de los 13 ministerios del Ejecutivo y autónomas, emitirá recomendaciones para la eliminación, reformulación o simplificación de trámites duplicados o sin fundamento legal.
Para Cifacil, la aprobación de ambas leyes “es un avance”, pero “no resuelven en razón de la complejidad y de la excesiva burocracia que enfrenta el sector productivo”. Carmen Aída de Meardi, presidenta de Cifacil, aseguró a Diario El Mundo que la gremial prevé que continúe la duplicidad de trámites y altos costos para los empresarios, debido a la facultad “meramente consultiva” que la ley otorgó al OMR.
“El OMR debería ser un ente técnico que evalúe la calidad de las regulaciones, trámites y requisitos existentes y que a su vez pueda determinar si los trámites y requisitos van acorde a los beneficios, y si no lo son deberían eliminarse (...). Pero en la ley quedó limitada su competencia”. afirmó.
¿Evaluación o mandato?
De acuerdo con la ley, el OMR está facultado para realizar Evaluaciones de Impacto Regulatorio (EIR) de los trámites de las instituciones, emitiendo un análisis costo-beneficio y un dictamen del mismo.
El artículo 20 de la ley establece que, ante un dictamen desfavorable del OMR, se deberá “evaluar si continúa o no con el proceso de aprobación o presentación de la regulación, lo cual deberá motivar y comunicar al OMR”, por lo que, de acuerdo con Cifacil, “los dictámenes del OMR no serán vinculantes”.
Sin embargo, Jaime Campos, director ejecutivo del OMR, explicó a El Mundo que todas las evaluaciones serán públicas, lo que, sumado al carácter técnico de los dictámenes, “hará que una institución se lo piense bien antes de aprobar una propuesta de regulación que contenga un dictamen desfavorable del OMR”.
Asimismo, destacó que en la práctica internacional, así como en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las instituciones que velan por la mejora regulatoria “deben supervisar que los entes obligados cumplan con los principios de buena regulación en el proceso de elaboración de las normativas, no sustituir las facultades del regulador”.
Estas serán las competencias del OMR con la nueva ley
Evaluación
La evaluación de impacto regulatorio (EIR) es una herramienta de mejora regulatoria comprendida en la ley recién aprobada. Con ella, el OMR busca garantizar la calidad de las regulaciones, es decir, que sus beneficios sean superiores a sus costos.
Dictamen
A partir de la evaluación, el OMR emite un dictamen favorable o desfavorable para una regulación determinada. En el caso de ser desfavorable, los ministerios y autónomas decidirán si continúan o no con este trámite, lo cual deberá informar al OMR.
Registro
El registro nacional de trámites enlistará los procesos y base legal de todas las regulaciones del Estado. Para Cifacil, el OMR debería aplicar una “ley guillotina” que elimine trámites; sin embargo, la institución afirma que se abordará como una política de largo plazo.