Economistas advierten riesgos en la administración pública si hay un incremento de pago de impuestos con criptomonedas. /DEM
La adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador podría poner en riesgo el financiamiento del aparato público, advirtió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El tanque de pensamiento presentó este viernes su primer análisis de carácter fiscal e implicaciones del bitcoin en las negociaciones que tiene El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo crediticio de hasta $1,300 millones.
La Ley Bitcoin, aprobada la medianoche entre el miércoles y martes, establece en su artículo 4 que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en bitcoin.
En el análisis del Icefi se elaboraron tres escenarios sobre este artículo: el primero que casi nadie paga sus obligaciones con bitcoin, el segundo donde una mayoría de los contribuyentes decide pagar con la criptomoneda pero su conversión es inmediata a dólar, y el tercero en el cual la mayor parte de los salvadoreños paga con bitcoin y se resguardan como activos.
Para ejemplificar, el Icefi hizo un ejercicio en el cual se propone que el 8 de mayo el Ministerio de Hacienda hubiera recibido 1,000 bitcoin en ingresos tributarios.
- Si los hubiera cambiado ese día significaría un ingreso de $58.7 millones.
- Sin embargo, si hubiera esperado hasta el 29 de mayo la suma sería de $34.6 millones, un 41 % menos.
Esta variación ocurre porque la característica principal del bitcoin es su alta volatilidad y, a diferencia de otros instrumentos financieros, no tiene hora de cierre en bolsas de valores y depende del vaivén del mercado.
Los ingresos para poder financiar bienes y servicios públicos que garanticen los derechos de las personas no pueden depender de la volatilidad de una criptomoneda que es tan volátil".
Ricardo Castaneda
Economista sénior del Icefi
Para la institución, al incentivar el uso de bitcoin en la mayor parte de las transacciones se podrían incrementar los niveles de evasión de impuestos si la administración tributaria no cuenta la capacidad de tener controles fiscales.
La misma ley establece que los intercambios en bitcoin no estarán sujetos a impuestos de ganancias de capital, lo que “podría provocar que El Salvador se convierta en una especie de paraíso fiscal virtual”, sumó Castaneda.
No alcanzar acuerdo con FMI elevará riesgos fiscales.
Ayer se tenía programada una reunión entre ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el presidente Nayib Bukele para explicar la adopción del bitcoin; sin embargo, ni el Gobierno ni el FMI han detallado los resultados de ese encuentro.
Horas antes de la reunión, Gerry Rice, portavoz del organismo multilateral, advirtió que la adopción del bitcoin como moneda de curso legal "plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso".
Para Ricardo Barrientos, economista del Icefi, el fracaso en las negociaciones con el FMI supondría una crisis de credibilidad y confianza financiera en El Salvador y podría además afectar futuras negociaciones con demás multilaterales y donaciones.
“La forma en la que fue aprobada la Ley Bitcoin, centra en réditos políticos y protagonismo mediático, podría haber descuidado su impacto en las negociaciones con el FMI, lo que podría agravar los desafíos que el país ya enfrenta para estabilizar su situación fiscal”, sumó el economista quien también ve riesgo que el país se convierta en un paraíso para lavado de dinero.
Por su lado, Lourdes Molina, economista del Icefi, señaló que en el corto plazo se podría rechazar el bitcoin como medio de pago y provocar un efecto marginal en la actividad económica.
Contrario a ello, sumó, los tenedores de bitcoin podrían exigir un incentivo para invertir, pero no tendría impactos significativos en la actividad económica.