La mayor parte del costo lo asumen los usuarios de las aduanas, afirmó el OMR. / DEM
El costo económico y social del cumplimiento de las regulaciones aduaneras suma cada año cerca de $163.3 millones, de los cuales el 99 % se traslada a la intervención del usuario por los requisitos legales vigentes, informó ayer el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).
Este es el primer dato que divulga el OMR de su trabajo de costeo de 280 procesos considerados claves para los negocios en los 13 ministerios del Órgano Ejecutivo.
Esta labor corresponde al Proyecto de Simplificación y Registro de Trámites que realiza con la metodología compartida por su homóloga mexicana, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
La medición de los costos administrativos en el rubro de aduanas se realizó tanto en la intervención del usuario como en el actuar de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Esto reveló 135 modalidades de trámites que representan un costo anual de $163.3 millones invertidos en el cumplimiento de las leyes vigentes y que equivalen a un 0.68 % del Producto Interno Bruto (PIB), indicó Jaime Campos, director ejecutivo del OMR.
El costo por la acumulación de requisitos por parte de los usuarios cuesta cada año $161.7 millones, equivalente al 99 % del monto total y solo el 1 % corresponde al tiempo de respuesta de la DGA por un valor $1.6 millones, agregó.
Requisitos, lo más caro
De las 135 modalidades, según el OMR, 103 son empresariales y 32 corresponden a los ciudadanos. La meta es reducir ese costo en 20 % para 2020, unos $32.6 millones menos.
“Lo que cuesta más, dicho en palabras muy sencillas, es reunir todos los requisitos para presentar el trámite en cumplimiento a las regulaciones, el gran desafío que tiene el OMR es revisar ese acervo regulatorio existente que genera esos costos de $161 millones”, comentó Campos.
Aunque es valioso que un organismo especializado analice los trámites, “no voy a permitir a nadie que le eche la culpa a la Aduana”, indicó Armando Flores, director de la DGA, pues enfatizó que la institución “tiene que cumplir la ley” mientras que el costo social se atribuye al acatamiento de esos requisitos legales.
Flores matizó que los trámites no solo corresponden al “tortuguismo” en el Estado sino que hay un marco legal que se debe modernizar o adoptar herramientas aduaneras. “Yo estoy haciendo que la Aduana se mueva incluyendo nuevas tecnologías, pero hay temas que es cuestión de ley y esos impactan en el costo de los trámites, no son responsabilidad de aduana”, agregó.
Asimismo, el director del OMR adelantó que pronto presentarán el análisis de los trámites en los 13 ministerios públicos, para iniciar así con la simplificación de esos procesos, uno de los principales ejes de trabajo de la institución creada en 2015 dentro del componente de Clima de Inversiones de Fomilenio II.