Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera, acompañado de Procaña y el sindicato de trabajadores del sector, anunció ayer que esta semana denunciarán este proceso ante la CSJ. / Óscar Machón
La Asociación Azucarera de El Salvador (AAES), con respaldo de los productores de caña y sindicatos de trabajadores, interpondrá un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del proceso de denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República de China (Taiwán).
El Gobierno salvadoreño, a través Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció el TLC con Taiwán el 13 de diciembre de 2018 y estableció que estaría vigente hasta el próximo 15 de marzo. Esta decisión fue sorpresiva y “tenemos muchas dudas sobre la legalidad” del proceso que se siguió para dejar sin efecto los lazos comerciales, indicó Mario Salaverría, presidente de la AAES, quien ayer compareció en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
“Consideramos que con esta medida se ha vulnerado la legalidad y se han usurpado los poderes”, señaló Salaverría a los diputados, quienes discuten las posibles faltas legales en la decisión del Ejecutivo.
El vocero de la gremial explicó que así como la Asamblea ratificó el tratado en 2007, así también debía derogarlo porque es una ley de la República. Además, indicó, la Cancillería realizó la denuncia ante el Gobierno de China y no de Taiwán, cuando el marco normativo del TLC establece que quedará sin efecto cuando la cancelación se efectúe con la parte signataria.
A la discusión con los diputados asistieron la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, y representantes de gremiales productoras de caña e ingenios, exportadores y expertos en comercio exterior. Se invitó al canciller Carlos Castaneda, quien avisó que no llegaría por tener compromisos con una delegación de congresistas y senadores de Estados Unidos.
Posibles vicios
Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), también acudió a la Comisión y señaló que si bien Cancillería es la encargada de denunciar los TLC, éste “es un acto formal final” del proceso, que primero “tiene que pasar por la Asamblea Legislativa porque, de lo contrario, no existe el acto”.
Argueta añadió que la denuncia del TLC es una decisión política que se tomó a partir del protocolo de entendimiento firmado con China Popular, cuando se establecieron relaciones diplomáticas con este gigante asiático, en agosto de 2018. “Hay posibles vicios de forma y fondo”, continuó, porque no se hicieron estudios de impacto económico y afectación de contratos, y no existió consulta con los agentes económicos de Taiwán y de El Salvador.
El vicio de forma se basa en el principio de legalidad, mientras que los de fondo se relacionan con la seguridad jurídica, libertad económica y derecho de propiedad, aclaró.
Por su parte, la ministra Rodríguez enfatizó que el canciller debe explicar los detalles de la denuncia del TLC. “No puedo contestar cuál fue el procedimiento porque yo el 20 (diciembre) pedí por escrito que nos explicaran cual había sido el proceso y nos lo han dicho verbalmente, pero no lo tenemos por escrito”, subrayó.
La funcionaria aseguró que “informamos a la Secretaría de Asuntos Legislativos y a Cancillería cuál era el procedimiento que existía en el tratado, cuáles eran las cifras y también de notas de las gremiales” donde solicitaban que no cancelaran el TLC.
