Dos de cada tres empresarios considera que el próximo Gobierno debe realizar una auditoría en las plazas públicas para corregir el uso ineficiente de los recursos estatales, revela una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).

La gremial presentó ayer su segundo sondeo de opinión “S.O.S. El Salvador”, donde se recoge un cúmulo de prioridades que, a juicio de los empresarios, debe ejecutar el Presidente de la República que resulte electo en los comicios de 2019.

Este segundo sondeo se realizó del 22 de agosto al 4 de septiembre y recolectó las impresiones de los empresarios sobre diferentes temáticas. De las empresas encuestadas, el 44.16 % pertenece al sector servicios, el 40.2 % al comercio y 15.58 % a la industria.

Al preguntarles “¿Qué medida debe tomar el nuevo Gobierno para reducir el gasto ineficiente de los recursos públicos?”, el 60.54 % afirmó que se debe realizar una auditoría de plazas en el sector público.

 

Más austeridad

En general, los empresarios se inclinan por recomendar una mayor austeridad en el Estado (50.6 %) y consideran que la principal apuesta para llevar más ingresos al fisco es propiciar un crecimiento económico más robusto (60.9 %).

El 50 % también señaló que se debe crear un régimen tributario simplificado para el sector informal y el 45 % señaló que se debe combatir la evasión y el contrabando.

La tramitología es otra de las temáticas que abordó la encuesta de la Cámara y el 51.2 % de los entrevistados señaló que la próxima administración debería consolidar el llamado gobierno electrónico, mientras el 47.2% indicó que es necesario eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos y el 46.2 % solicitó racionalizar los trámites.



FMI sugirió contener gasto en salarios

Un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a petición del Ministerio de Hacienda, reveló que en 2014, el pago de remuneraciones en el sector educación y salud superó hasta 59 veces la inversión en esos mismos rubros.

El Fondo concluyó en ese estudio, publicado en 2016, que el gasto corriente, y en especial los salarios, absorben buena parte de los recursos públicos en El Salvador, lo que limita la inversión. En ese sentido, recomendó contener el incremento de los salarios en el sector público.

Las estadísticas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) indican que, hasta junio, 166,871 personas laboraban en el sector público. Hasta julio, el pago de los salarios del Gobierno Central alcanzó $954.12 millones, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR).