El conglomerado financiero inglés HSBC interpuso una demanda contra el Estado de El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) entidad con sede en Washington, EE.UU.
La disputa surge de un caso en los tribunales de salvadoreños en el que el banco destaca buscó recuperar aproximadamente $2 millones en préstamos impagos a una empresa local.
Un comunicado del conglomerado financiero publicado ayer destaca que "el primer tribunal que escuchó el caso falló a favor de HSBC. El prestatario apeló y el tribunal de apelaciones falló nuevamente a favor de HSBC. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló las decisiones de los tribunales inferiores, no solo al no hacer cumplir el contrato de préstamo, sino también al ordenar a HSBC que pagara al demandado $49.3 millones".
La entidad alega que la indemnización por daños fue más del doble de los $22.5 millones solicitados por la empresa salvadoreña.
HSBC entró a la plaza en 2005 tras comprar la operación de Banco Salvadoreño, pero la vendió en enero de 2012 al conglomerado financiero de origen colombiano Davivienda como parte de una reestructuración global de la entidad que se desprendió de las unidades en varios mercados emergentes.
HSBC está involucrado en casos legales en tribunales de todo el mundo y aceptamos el resultado de esos procedimientos cuando se resuelven de acuerdo con el estado de derecho”, Leopoldo Ortega, Asesor Jurídico de HSBC Latinoamérica
En su presentación ante el CIADI, HSBC afirma que la decisión de la CSJ, "sumada a varias irregularidades graves en el proceso judicial, resultó en una clara violación de los derechos fundamentales". El CIADI es parte del Grupo del Banco Mundial y apoya la resolución de disputas internacionales de inversión entre inversionistas y estados soberanos.
El banco inglés alega que la decisión de la Corte "violó las obligaciones de El Salvador con los inversionistas del Reino Unido en virtud del Tratado Bilateral de Inversión El Salvador-Reino Unido", un acuerdo que entró en vigor en el 2000, en donde El Salvador y el Reino Unido acuerdan dar a los inversionistas "un trato justo y equitativo, y protegerlos contra medidas irrazonables o discriminatorias".
HSBC dice en el comunicado que antes de presentar su caso ante el CIADI, "buscó una solución amistosa" y que escribió al Gobierno de El Salvador en diciembre de 2020 y se ofreció a discutir el caso. "Hasta la fecha, el Gobierno de El Salvador no ha proporcionado una respuesta sustantiva, por lo que HSBC siguió adelante con el procedimiento de arbitraje", concluye el documento.