El Salvador entró en emergencia en mazo del año pasado. / DEM
Según el estudio “Gestión de fondos de covid: la brecha de responsabilidad”, El Salvador se mantiene entre los países con opacidad en el destino del dinero destinado para la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
El análisis, elaborado por el International Budget Partnership (IBP), destaca que al implementar respuestas de política fiscal a la pandemia, los gobiernos tomaron una serie de medidas por un “sentido de urgencia”, como eludir las legislaturas, relajar los procedimientos de contratación y no buscar las aportaciones de los ciudadanos, condiciones que socavan los procesos de rendición de cuentas.
“Si bien estos ‘atajos’ pueden parecer justificables, dadas las enormes incertidumbres que rodean la pandemia y la necesidad de responder con rapidez, dificultan que los ciudadanos y sus representantes comprendan qué están haciendo realmente los gobiernos y cuán efectivos son para abordar el problema de la salud”, dice el estudio presentado esta semana.
Laura Castillo, oficial de programas del IBP, dijo que la investigación refleja que El Salvador está en un grupo de países con “transparencia límitada”.
El estudio del IBP toma como base a 120 países de los que solo cuatro naciones (Australia, Filipinas, Noruega y Perú) tienen niveles “adecuados” de transparencia en los planes de respuesta fiscal ante el covid-19. En el segundo bloque, compuesto por 29 naciones, se ubican las que tienen algunos avances (entre ellos Costa Rica, por la región).
El bloque más grande es el de acceso limitado, donde figura El Salvador, compuesto por 55 naciones. En este bloque también se ubican México, Guatemala, Honduras, y Trinidad y Tobago, entre otros.
Castillo dijo que los países con sistemas de rendición más fuertes durante tiempos normales tienden a tener una rendición de cuentas más fuerte durante tiempos de crisis.
Los países con un sistemas de rendición de cuentas más fuertes en tiempos normales, tienen a tener una mejor rendición de cuentas en tiempos de crisis.” Laura Castillo, oficial de programas del IBP
Panorama.
Rommel Rodríguez, investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), explicó que El Salvador contó con dos asignaciones de fondos muy grandes para la atención de la emergencia sanitaria: una por $2,000 millones y otra de $1,000 millones.
El informe del IBP destaca que El Salvador diseñó un esquema para supervisar el gasto del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE), una iniciativa que se materializó mediante el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana, el cual sigue existiendo, pero lamentó que haya amenazas que pueden cortar su continuidad.
Rodríguez destacó que cuando inició la pandemia se tomó la decisión de emitir deuda para crear el FERRE, en el que se estableció una distribución de los fondos (70 % para la emergencia y 30 % para las alcaldías).
A pesar de que se creó el mecanismo legal, en la práctica uno de los desafíos es la falta de respuesta de las entidades públicas. La respuesta muchas veces es el silencio.” Ricardo Castaneda, investigador del Icefi
Añadió que gran cantidad de recursos fueron destinados al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), el cual se convirtió en un mecanismo extrapresupuestario para transferir los recursos en lugar del utilizar el FERRE, tal como quedó establecido por Decreto Legislativo.
Ricardo Castaneda, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y miembro del Comité de Veeduría, dijo que uno de los desafíos es la falta de respuesta de las entidades públicas.
Agregó que es necesario conocer en detalle el uso de los fondos públicos, los que tarde o temprano se tendrán que pagar por parte de la población ya sea con los impuestos actuales o con los futuros.
3 lecciones del estudio de transparencia
- Mejoras
Es necesario mejorar las oportunidades de participación creadas durante la pandemia para escuchar la voz de los ciudadanos.
- Colaboración
El IBP sugiere aumentar la colaboración internacional para fortalecer a las entidades de fiscalización y autoridades a cargo de contrataciones.
- Sociedad civil
Es necesario apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para monitorear el gasto público y aprovechar planes anticorrupción.