El Salvador es uno de los países más afectados en América Latina con el aumento de frecuencia de los eventos climáticos extremos, revela un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El informe sobre la política fiscal y el cambio climático, publicado este lunes, destaca que los desastres naturales son cada vez de mayor magnitud y frecuencia que, además de afectar a la población en condición de vulnerabilidad, tienen relevancia para las finanzas públicas.
Los desastres relacionados al cambio climático son de orden meteorológicos, como tormentas y altas temperaturas, así como hidrológicos vinculados a inundaciones, deslizamientos de tierra y olas gigantes, y también climatológicos como sequía, deslizamientos de glaciares e incendios forestales.
Todos estos mostraron un aumento del 50 % en las últimas décadas en la región de América Latina. De acuerdo a las estadísticas, la frecuencia promedio pasó de un evento cada ocho años en el período 1980-2000 a uno cada cinco años entre 2001 y 2016.
Según al BID, Brasil es donde más se observa un alza en la frecuencia de eventos climáticos extremos, seguido de México, Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Perú, El Salvador, Honduras y Chile.
Los eventos climáticos extremos ocasionan pérdidas humanas y daños económicos significativos. Por ejemplo, solo los huracanes Eta e Iota, que azotaron a Centroamérica con menos de tres semanas en noviembre de 2020, dejaron pérdidas al sector de granos básicos en El Salvador de $10 millones, según la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo).
“Desde una perspectiva fiscal, la mayor frecuencia de estos eventos implica un mayor riesgo de choques negativos sobre las cuentas fiscales y, por tanto, es importante tomar en cuenta su ocurrencia en los marcos fiscales de mediano plazo”, señaló el BID.
El reloj está corriendo. El nivel sin precedente de transformaciones (…) demanda un nivel mucho más profundo de involucramiento de los ministerios”. Benigno López, Vicepresidente de Sectores del BID
Empleos.
El informe del BID plantea que, así como los eventos climáticos representan un riesgo para los países de la región, advierte que políticas enfocadas a una producción más verde tienen el potencial de aumentar la resiliencia al cambio climático y crear nuevas oportunidades económicas.
“La descarbonización de las economías de la región puede crear 15 millones de nuevos empleos para 2030, y cada dólar invertido en hacer más resilientes la infraestructura y las economías puede generar hasta cuatro dólares en beneficios económicos”, calcula el banco.
El dato
El BID destaca que la recaudación en la región podría aumentar $224,000 millones si se eliminan los subsidios energéticos y se grava un impuesto a las emisiones de carbono.