El país está en la casilla 85 -de 94 países medidos- y en la región solo supera a Nicaragua (87), Honduras (92), y está muy cerca de la calificación del territorio peor puntuado: Myanmar (94).
Entre las principales categorías de delitos cibernéticos que el estudio valora están los riesgos por casos de phishing, extorsión (ransomware), violación de datos personales y robo de identidad.
En los últimos meses, las autoridades salvadoreñas investigaron una oleada de casos de phishing entre usuarios de la banca privada que permitió la sustracción de fondos de cuentas de forma ilícita, además se conocieron decenas de denuncias de suplantación de identidad asociadas con la plataforma estatal de bitcoin a dólares Chivo Wallet.
El ranking de SEON se elabora a partir de los datos del Índice Nacional de Seguridad Cibernética (NCSI, por sus siglas en inglés) y del Índice de Ciberseguridad Global 2020. “Usamos datos de ambas fuentes ya que sus resultados diferían debido al uso de diferentes criterios para clasificar a cada país”, dice el estudio que también se nutre con datos del Ranking de blanqueo de capitales y riesgos de financiación de terrorismo, elaborado por el Comité de Basilea.
El Salvador tiene una puntuación global de 3.51 en la clasificación, contra el 8.91 de Dinamarca, el país con mejores estándares de ciberseguridad.
En detalle, El Salvador tiene un puntaje 19.48 en el National Cybersecurity Index; 13.3 en Global Cybersecurity Index 2020; y dos en el ranking de ciberlegislación.
Derechos virtuales.
“La necesidad de un ciberespacio seguro y protegido se ha vuelto más importante que nunca, especialmente porque todos dependemos cada vez más de las ‘líneas de vida digitales’”, valora Doreen Bogdan-Martin, directora de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT).
SEON destaca que las amenazas en línea se han convertido en un problema importante para empresas de todo el mundo. Señala que actividades como ransomware (secuestro de datos) para extorsionar a las organizaciones o de la filtración de información personal de clientes y empleados son ahora amenazas más grandes que nunca.
Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), explicó que en el país las organizaciones trabajan en mejorar sus controles para proteger sus datos como la de sus clientes, esto a partir “de un voto de confianza” de toda la información que ellos entregan.
“Creemos que en El Salvador debe comenzar a priorizar la protección de los datos como un bien de los ciudadanos, en ese sentido esperamos que la Asamblea Legislativa retome las discusiones sobre la Ley de Protección de Datos”, dijo.
Selva añadió que las regulaciones deben partir del principio de que el dato es parte de la identidad y es el ciudadano el que debe tener el mayor control de cómo se usa su información, cómo se protege y si quiere o no compartirla”, algo que deben respetar otros individuos, empresas y el mismo Gobierno.
SEON dice que el tipo más común de delitos cibernéticos en EE. UU. son el phishing y el pharming (que redirige a usuarios a sitios falsos para robar datos como claves y datos de cuentas bancarias).
Ambos hechos representaron el 32.96 % de todos los delitos cibernéticos denunciados en ese país en 2020.
La firma señala que esfuerzos combinados entre el sector público y privado pueden volver más segura a la red.
El dato
SEON combina índices relacionados con la seguridad cibernética, fraude digital y delito cibernético, así como legislación y estrategias gubernamentales para ciberseguridad.