La experta Claudia Drago señaló que la transparencia es clave para el éxito de un asocio público-privado. / Diego García


Para iniciar con la ejecución de asocios público privados (APP), El Salvador requiere de instituciones fuertes y mayor transparencia en la relación entre el Gobierno y las empresas, afirmó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

Como parte del proyecto “Sector privado: agente de cambio para la transparencia y la lucha contra la corrupción”, el tanque de pensamiento presentó ayer la conferencia “Beneficios de la transparencia en las relaciones público-privadas”, a cargo de Claudia Drago Morante, experta peruana en programas de cumplimiento, gobierno corporativo y gestión de la ética.

Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades, aseguró en su intervención que “el rol central del sector privado es la generación de empleo y desarrollo productivo y competitivo del país”. Sin embargo, también debe combatir la corrupción, “que tiene raíces culturales, y encuentra un terreno fértil cuando las instituciones son débiles”.

Solo durante 2017, según estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) citados por Fusades, el costo mundial de los sobornos representó hasta el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) global. “Es por eso que la corrupción es un cáncer en las sociedades”, agregó Simán.

Según Drago Morante, la llegada de gobiernos “poco transparentes” y el destape de grandes casos de corrupción ha afectado la credibilidad del modelo de APP, que “son la mejor forma de impulsar el crecimiento de un país” y necesitan transparencia por parte de los actores involucrados.

“El modelo de APP es perfecto, lo que se necesita es ejecutarlo como se debe para lograr una relación ganar-ganar y esto se hace a través de transparencia, tanto por parte del Estado como de las empresas participantes”, afirmó.

A más de cinco años de aprobada la Ley Especial de Asocio Público Privado en El Salvador, no se ha logrado concretar ningún proyecto bajo este modelo de desarrollo, que combina la inversión del Estado y empresarios en programas o infraestructura pública.

Para Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de Fusades, El Salvador tiene una tarea pendiente en fortalecer su legislación relativa al desarrollo de APP; así como la institucionalidad “para que exista mayor confianza entre los inversionistas”.

“El Salvador, al tener altos niveles de corrupción, se ve como un país que no es atractivo para la inversión. Tenemos que crear mecanismos efectivos para combatir la corrupción tanto desde el sector público como el privado”, agregó.