Las estimaciones del economista cubano Carmelo Mesa- Lago indican que El Salvador posee el tercer sector informal más grande entre los nueve países que poseen sistemas previsionales de capitalización individual.
Masa-Lago detalló que, según sus cálculos, el sector informal absorbe al 48 % de la Población Económicamente Activa (PEA), que según la definición oficial en El Salvador se trata de los mayores de 16 años que realizan alguna actividad económica o busca activamente un empleo.
El economista enfatizó que “es muy cómodo” atribuir la baja cobertura previsional solo a la estructura del mercado laboral, ya que se “ha demostrado que hay un problema de falta de capacidad del sistema para adaptarse a las condiciones de trabajo”, la transformación del mercado e incorporar a los excluidos.
La más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) indica que en 2016, la PEA estuvo compuesta de 2,931,653 personas.
Equidad y solidaridad
En cuanto a las reformas previsionales que se analizan, dijo que cualquier modificación debe procurar resolver las problemáticas relacionadas a la solidaridad social y equidad de género. Ello, explicó, porque la incidencia de la pobreza alcanza al 41.6 % de la población salvadoreña, pero solamente el 16 % de los adultos mayores (de 65 años) reciben una pensión no contributiva.
Señaló que de la población femenina solo el 12.5 % goza de una cobertura social, contrario al 20.3 % del segmento masculino. Además, la tasa de reemplazo promedio para los hombres es del 40 %, mientras que para las mujeres es tres décimas inferior, de 37 %.
De igual forma, hay una mayor cobertura para la población masculina en la pensión contributiva que para las mujeres, quienes además tienen un promedio inferior a nivel del sistema previsional.
“Las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo reducen la pensión de la mujer…La mujer deja el trabajo para criar a los hijos, pierde cotizaciones y no se le remunera, y recibe pensiones inferiores”, manifestó.
El experto dijo que las cuatro alternativas en discusión deberían incluir una pensión no contributiva focalizada en la población con menos recursos para, de esa forma, expandir la cobertura a los mayores a 65 años y, además, tendría que ser coordinada con la contributiva.
Recomendó incluir en la solidaridad intergeneracional, una extensión de la pensión no contributiva (también pensión básica universal) y otorgar incentivos para la afiliación de trabajadores informarles. Para lograr equidad se podría otorgar “un bono de maternidad o un año de cotización por cada hijo nacido vivo”.