En 2008, la UE se fijó la meta de alcanzar en 2020 un 20 % del consumo final de energía producida por fuentes verdes, es decir, con tecnologías hidráulica, eólica, solar, biomasa.
Cada país tiene sus propios objetivos, en función de su situación de partida y de su potencial, que varía entre 10 y 49%.
Del bloque europeo, 11 países miembros ya superaron sus metas, pero la Oficina europea de estadísticas, Ela urostat, estima que aún tienen que esforzarse otros países que están más atrasados.
Para 2030, la UE se comprometió a llevar la parte de renovables a 32 % de su consumo de energía.
Mientras tanto, a pesar del discurso voluntarista de Bruselas, a las ecotasas les cuesta imponerse en la UE, donde la fiscalidad verde suele chocar con movimientos de contestación, como ha ocurrido con los “chalecos amarillos” en Francia.
En 2011, la Comisión Europea defendía para 2020 una “reorientación hacia la imposición medioambiental” que permitiría “un aligeramiento considerable de la imposición al trabajo”. Pero fue en vano. Desde entonces, la proporción de ingresos fiscales medioambientales en la Unión, que era de 6.18%, se ha reducido casi cada año.
No obstante, en 2017 generaron 369,000 millones de euros de ingresos en la UE.