El Salvador está a un día de finalizar Fomilenio II, un programa financiado en su mayoría con fondos del pueblo estadounidense enfocado para crear condiciones para atraer la inversión, mejorar la educación y reducir la pobreza en el país.
La formulación de Fomilenio II tiene de precedente el Asocio para el Crecimiento (APC), un convenio de apoyo de Estados Unidos para El Salvador para superar los obstáculos que impiden el desarrollo de la economía salvadoreña.
El convenio se estructuró para ejecutarse en cinco años, de septiembre de 2015 y septiembre de 2020. Su presupuesto total es de $365.20 millones, de los cuales $277 millones es una donación de la Corporación Reto del Milenio (MCC), entidad adscripta al Congreso de Estados Unidos, más una la contrapartida de El Salvador por $88.20 millones.
Los fondos que administra Fomilenio II se ejecutan en tres componentes: Capital Humano, Infraestructura Logística y Clima de Inversiones.
Capital Humano: Este componente recibe el 31.7 % de los fondos totales, $115.7 millones, inversión enfocada en mejorar la calidad de la educación y el sistema de formación técnica.
- Se tenía previsto atender 349 centros escolares en 46 sistemas integrados de escuelas inclusivas de tiempo pleno (SI-EITP). Incluye rehabilitación o construcción de escuelas, además de entrega de inmobiliario como pupitres, computadoras, biblioteca, y demás.
- Se estimó que 175,000 alumnos se beneficiarán con los sistemas integrados, quienes tendrán la oportunidad de completar el bachillerato y mejorar sus capacidades. Los SI-EITP buscan disminuir la tasa de abandono escolar en la educación básica y media con la creación de comunidades lectoras, creación de habilidades para la vida, clases de inglés, en tecnología de la comunicación, y la creación de nuevos diplomados técnicos.
- Se capacitaría a 3,000 docentes.
Clima de inversión: Incluye la inversión de $92.4 millones, equivalente al 25.30 % de los fondos totales, para mejorar el clima de negocios a través de la reducción de procesos regulatorios y trámites.
- Se creó el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), cuya función es reducir la tramitología en los ministerio y entidades del aparato público para facilitar los negocios.
- En el convenio se contempla el compromiso de El Salvador de dejar dos asocios públicos privados (APP). El primer concurso lo lanzó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para la modernización de la terminal de carga del aeropuerto San Romero y ya recibió la oferta técnica de la única empresa interesada en el proceso.
El segundo APP es de iluminación y videovigilancia de 143 kilómetros de red vial. La licitación se lanzó en febrero de 2020 pero aún no se avanza en la recepción de ofertas. - Se creó el fondo de Apuesta por Inversiones (API), herramienta para identificar potenciales proyectos privados que requieran obras públicas claves para su ejecución. Hasta septiembre de 2019, había movilizado $230.8 millones que incluían el programa de entrenamiento aeronáutico con Aeroman, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Nejapa y otra en El Zonte, la instalación de un sistema de riesgo en El Paisnal y Nueva Concepción.
Infraestructura logística: Este componente es que más recursos recibe de Fomilenio II, en total $125.3 millones (el 34.3 %) para ejecutar proyectos viales.
- Se está en proceso de ejecución de la ampliación a cuatro carriles de 27 kilómetros de la carretera Litoral: un tramo de 25 kilómetros entre el aeropuerto San Romero con la ciudad de Zacatecoluca, en La Paz, además de una adecuación de dos kilómetros en el desvío de San Luis Talpa. El Ministerio de Obras Públicas prevé que el proyecto esté listo en diciembre de 2020 y el costo supera los $60 millones.
- Rehabilitación y mejora de 5.74 kilómetros de Agua Salada a la frontera El Amatillo, en La Unión, por una inversión de $5.8 millones.
- Modernización del recinto El Amatillo y entrega de software a instituciones del Gobierno. El proyecto tenía una inversión estimada de $16.7 millones.
¿Qué se podría perder?
La ejecución de Fomilenio II marchaba a buen ritmo en marzo pasado cuando la pandemia del covid-19 golpeó al país. Esta situación obligó a que se suspendieran las actividades de campo de infraestructura y retrasó a más de una treintena de proyectos.
El Gobierno solicitó una prórroga al convenio, pero se esperaba que fuera estudiada este martes 8 de septiembre en el Congreso estadounidense. Al menos hasta mañana 9 de septiembre, según estimaciones de Fomilenio II, se habría ejecutado $249 millones de la cooperación de MCC, el 90 %.
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Si no hay prórroga, los proyectos en ejecución deberán ser asumidos por el Gobierno con la contrapartida, pero no estos fondos no fueron incluidos por el Ministerio de Hacienda en el presupuesto de 2020 por lo que mañana se tendría que suspender los contratos de estas obras a menos que la Asamblea Legislativa apruebe una asignación de $55 millones de los $70 millones que urge el compacto.
Estos recursos vendrían de un préstamo de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobado en agosto.
Si estos fondos no se tienen en el presupuesto, según Fomilenio II, están en riesgo 36 obras en ejecución que incluyen 23 centros escolares, siete proyectos relacionados con facilitación de comercio, dos plantas de tratamiento de aguas residuales y dos sistemas de agua potable.
Además de un un bypass, un sistema de riego, el equipamiento de un comité sectorial de educación técnica y profesional, y la certificación de más de 200 técnicos en aeronáutica y dos consultorías de APP.