El Salvador tendrá que negociar financiamiento en 2022 para pagar bonos en 2023. /DEM
La agencia de calificación soberana Fitch Ratings advirtió que El Salvador se enfrentaría a una menor disponibilidad de financiamiento por la erosión de los controles y equilibrios internos.
La calificadora reconoció que la actual Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, puso fin al obstáculo para aprobar políticas y financiamiento externo que requieren la aprobación de una mayoría de votos.
Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha promulgado medidas radicales como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República. Además, el Gobierno retiró el acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), que dio paso a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES).
De igual forma, Bukele ha tomado “decisiones de política económica impredecibles”, tal como el aumento de 20 % del salario mínimo y la Ley Bitcoin, una medida que el mismo mandatario anunció en un vídeo reproducido en un congreso de criptomonedas en Estados Unidos y que fue aprobada de forma exprés por los diputados sin consultas ni estudios técnicos públicos.
Para la agencia, estas medidas han creado incertidumbre si El Salvador logrará un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), clave para ordenar las finanzas y reducir el peso de la deuda pública.
“Sin un programa del FMI, no está claro cómo planea el gobierno satisfacer sus necesidades de financiamiento en 2022-2023”, dijo la agencia en un comunicado.
| El acuerdo FMI incluiría esfuerzos de gobernanza y lucha contra la corrupción. El programa, según la calificadora, proponía un ajuste del 4 % del PIB para reducir gastos y aumentar ingresos. |
El Gobierno salvadoreño confirmó en marzo pasado las negociaciones con el FMI para un acuerdo de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés) por $1,300 millones. Una misión del multilateral inició en abril una revisión al Artículo IV, las consultas periódicas sobre la economía de los países miembros, de la cual no se conocen los resultados.
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Tanto el Gobierno como el FMI han confirmado que se mantienen las negociaciones, pero el Fondo señaló tras la aprobación de la Ley Bitcoin que la implementación de la criptomoneda plantea una “serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales”.
Brecha y financiamiento.
La calificadora estimó que las necesidades de financiamiento rondarían los $4,370 millones en 2021, el 17.8 % del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, el Gobierno debe asegurar en 2022 el pago de $800 millones en bonos que se vencen en enero de 2023.
Aunque los bancos de El Salvador “están dispuestos a refinanciar su tenencia de deuda soberana de corto plazo” Letras del Tesoro (Letes), “es poco probable que aumenten su exposición soberana”.
Además, la capacidad de los bancos “se ve limitada por la desaceleración de las tasas de crecimiento de los depósitos, mientras mantienen altas reservas para enfrentar las presiones que podrían surgir de un posible deterioro de la calidad de los préstamos”.
Cinco claves sobre las finanzas
Calificación: Fitch indicó que la perspectiva negativa de la calificación “B-” refleja el deterioro en las métricas de sostenibilidad de la deuda por la recesión, dependencia excesiva de financiamiento interno y vulnerabilidad a condiciones del mercado externo.
Financiamiento local: la calificadora advirtió que existe limitado margen para aumentar la deuda pública de corto plazo por el alto nivel de endeudamiento en $1,400 millones en Letras del Tesoro (Letes) y $645 millones en Certificados del Tesoro (Cetes).
Riesgo: aunque los bancos estén dispuestos a adquirir nueva deuda, es poco probable porque aumentaría su exposición y capacidad ante la desaceleración de las tasas de crecimiento en los depósitos y un menor desempeño de los créditos.
Préstamos: la Asamblea Legislativa ha aprobado préstamos por más de $1,800 millones desde mayo, pero la mayoría se destinan para infraestructura y programas específicos. Fitch estima que $624 millones se utilizarán para fines presupuestarios.
Acuerdo FMI: el FMI y el Gobierno parecían estar cerca de lograr un acuerdo sobre medidas fiscales y monetarias a través de un programa de $1,300 millones, pero la adopción del bitcoin como moneda de curso legal pone en incertidumbre si se logrará.