Aunque el Ministerio de Hacienda ha solicitado a las agencias de riesgo soberano que se mejore el perfil crediticio de El Salvador tras la aprobación del presupuesto de 2020, Fitch Ratings no modificó su calificación de la deuda salvadoreña que emitió el 11 de junio de 2019 en “B-”.
En la escala de clasificaciones de Fitch, las calificaciones en el grupo de las “B” indica que el riesgo de impago está presente, pero se mantiene un limitado margen de seguridad. Las obligaciones financieras se están pagando, pero la capacidad para continuar honrando compromisos es vulnerable al deterioro en las condiciones económicas.
Para la agencia, el presupuesto de 2020 apunta a un mejor déficit fiscal y lo estima en 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), inferior al 2.9 % que calcula para 2019. Esto se debería, explicó, a que la necesidad de financiamiento externo se redujo de los $755 millones que solicitó el Ejecutivo en septiembre, cuando presentó el anteproyecto del presupuesto, a $645.8 millones luego que la Asamblea Legislativa aprobara una amnistía fiscal que permitiría al fisco recibir $110 millones adicionales a las estimaciones iniciales.
Sin embargo, Fitch Ratings advirtió que la “deuda como porcentaje del PIB continuará aumentando sin más consolidación” porque “la amnistía fiscal aprobada en el presupuesto es una fuente de ingresos extraordinaria”.
Aseguró que se “necesitarán fuentes adicionales permanentes de ingresos o ajustes de gastos para que El Salvador se adhiera a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que señala un ajuste fiscal del 3 % del PIB entre 2017 y 2021”. Sin estas medidas, “la deuda como porcentaje del PIB continuará aumentando de manera gradual de casi 70%”, sumó.
Reducir el déficit fiscal es uno de los principales compromisos ante la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues significa un desequilibrio en las finanzas públicas que suele cubrirse con financiamiento adicional. El déficit aparece cuando los gastos son superiores a los ingresos del Sector Público no Financiero (SPNF), en donde se encuentra el Gobierno central y las empresas públicas no financieras.
Los datos del Ministerio de Hacienda indican que entre enero y noviembre de 2019 el déficit fiscal alcanzó $607.92 millones, equivalente a $170 millones adicionales frente al mismo período de 2018. De la suma total, $309.23 millones corresponden al SPNF y $298.69 millones se originan por los compromisos de pensiones.
En tanto, la deuda pública total de El Salvador llegó a noviembre pasado a $19,760.99 millones, equivalente a $786.39 millones adicionales al comparar en cómo cerró en 2018 en $18,974.6 millones.
Una prueba clave
La noche del 13 de diciembre de 2019, los diputados aprobaron el presupuesto de 2020 por $6,426.1 millones más una autorización para que el Ejecutivo emita títulos que permitan cubrir la brecha de financiamiento por $645.8 millones.
La agencia consideró que lograr la aprobación del presupuesto 2020 y su financiamiento externo significó que “la administración del presidente Nayib Bukele ha pasado una prueba política clave”. Muestra la “habilidad de negociar” entre los partidos políticos y logra un consenso en la Asamblea Legislativa.
Fitch indicó que la aprobación para emitir títulos para cubrir la brecha desfinanciada de 2020 “mitiga” el riesgo de recurrir a Letras del Tesoro (Letes), que en 2019 alcanzaron $991 millones, $175 millones adicionales a los $816 millones
de 2018.