La agencia de riesgo soberano Fitch Ratings advirtió hoy que el anteproyecto del presupuesto general de la nación para 2022 subestima las necesidades fiscales y financieras del Gobierno para el próximo año.
A finales de septiembre pasado, el Ministerio de Hacienda presentó el anteproyecto del presupuesto por $7,967 millones con una brecha de $498 millones. Este se financiará en un 78 % por los ingresos tributarios esperados para el próximo año en hasta $6,205.58 millones, un 13.4 % de aumento respecto al cierre estimado para 2021 o 19 % contra el presupuesto votado para 2021.
Fitch Ratings señaló que el escenario de ingresos es “optimista”, pero no “realista”.
Explicó que la propuesta del presupuesto contempla un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2.4 % para 2022, cercano a su pronóstico; sin embargo, “creemos que el aumento de ingresos del 13 % proyectado por el Gobierno no es realista y creemos que, en el mejor de los casos, crecerán alrededor de un 6 % en línea con el PIB nominal”.
La agencia señaló que este año hay un mayor desempeño de los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) -cargado al consumo- como reflejo de un repunte económico impulsado el flujo de remesas y las medidas de estímulo lideradas por el Gobierno.
Según Hacienda, la recaudación del IVA para 2022 aumentaría $387.22 millones frente a los $2,643.35 millones presupuestados para 2021, un 14.6 %. |
El Ministerio de Hacienda estima el ingreso de $350 millones adicionales en 2022. “Posible, pero muy incierto”, señaló Fitch, al tiempo que advirtió que el dinamismo en los ingresos tributarios observado en 2021 es “poco probable” que se mantenga el próximo año.
Para 2022, se estima un déficit fiscal que rondará los $1,700 millones, un 6.2 % del PIB, de los cuales $710 millones tienen fuentes de financiamiento y $498 millones quedan pendientes. “Creemos que esta brecha se acerca a los mil millones de dólares”, señaló la agencia.
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Para cubrir las necesidades de liquidez, el Gobierno recurre a la emisión de deuda de corto plazo en Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes), compromisos que representan unos $2,600 millones que deben honrarse en los próximos 12 meses.
Fitch asume que el gobierno puede refinanciar esta deuda a corto plazo, pero los riesgos de refinanciamiento han aumentado en 2022 con amortizaciones concentradas de deuda a corto plazo (más de $1,000 millones vencen en septiembre y octubre). La financiación no está clara y las tasas del mercado externo son elevadas”.
Fitch Ratings
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Mayor riesgo sin acuerdo con FMI.
La agencia recordó que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) parecían “estar cerca” de un acuerdo de financiamiento por $1,300 millones en mayo. Pero el programa se complicó luego de la destitución de los magistrados y el fiscal general de la República, así como la aprobación de la Ley Bitcoin y la disolución de la CICIES.
Estas decisiones, lideradas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, generaron preocupaciones en el FMI sobre la gobernanza y las implicaciones del bitcoin en la economía salvadoreña y la estabilidad financiera. Ahora se suma a la incertidumbre, agregó, la reforma que prepara el Ejecutivo para el sistema de pensiones que tendría "importantes implicaciones fiscales y financieras".
“Fitch identificó un fuerte aumento en las restricciones de financiamiento y un deterioro en las perspectivas de consolidación fiscal o crecimiento que debilitó aún más la sostenibilidad de la deuda”, señaló la agencia al recordar que por estos motivos redujo la calificación de riesgo para El Salvador a “B-” con perspectiva negativa.
Si bien el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para el Gobierno en 2021, con desembolsos aprobados por $1,100 millones, el alcance para 2022 no “está claro”.
Por lo tanto, cerrar la gran brecha de financiamiento y renovar la gran cantidad de deuda a corto plazo será un desafío sin un programa del FMI y el financiamiento multilateral asociado que desbloquearía”.
Fitch Ratings
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