Gerry Rice, portavoz del FMI.
El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, indicó que para que El Salvador pueda concretar un programa de asistencia financiera se requiere modificar sus políticas para asegurar el crecimiento inclusivo y la estabilidad fiscal y financiera.
En conferencia de prensa, Rice aseguró este jueves que hay “progreso” de las discusiones virtuales que iniciaron con El Salvador en abril pasado para la revisión del Artículo IV, que se consideraba la antesala para que el Gobierno salvadoreño lograra un programa de asistencia financiera por hasta $1,300 millones.
“El desarrollo desde entonces requiere cierta modificación de políticas para asegurar el crecimiento inclusivo, la sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera”, indicó Rice.
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Adelantó que las autoridades de la misión técnica del FMI han acordado completar la consulta del Artículo IV en diciembre próximo. “Eso dará tiempo para preparar la evaluación”, dijo.
El Artículo IV es una consulta periódica que realiza el FMI a todos los países signatarios de los acuerdo del Fondo sobre los resultados macrofiscales y económicos; sin embargo, los economistas advierten que las pláticas sostenidas en el marco de esta revisión no deben considerarse como una negociación para un programa de asistencia financiera pues siempre se tienen, aunque no haya asistencia financiera.
El desarrollo desde entonces requiere cierta modificación de políticas para asegurar el crecimiento inclusivo, la sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera. Las autoridades de la misión técnica han acordado completar en 2021 la consulta del Artículo IV en el próximo mes. Eso dará tiempo para preparar la evaluación.
Gerry Rice
Portavoz del FMI
Desde octubre de 2020, se conocía que el Ministerio de Hacienda se comprometió con los inversionistas a un programa con el FMI, que se impulsaría después de las elecciones legislativas y municipales.
En marzo, Hacienda confirmó las negociaciones con el organismo para una asistencia financiera de hasta $1,300 millones a través de un esquema de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés). El proceso para firmar el programa se encontraba avanzado, pero se deterioró cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
El programa tampoco avanzó cuando se aprobó la Ley Bitcoin, pues no se encontraba dentro de las modulaciones ni proyecciones del FMI para firmar el acuerdo.
El temor de no alcanzar un acuerdo ocasionó que los bonos salvadoreños desplomaran su precio, mientras que las agencias de riesgo soberano alertaron de alto riesgo para que El Salvador pueda cumplir sus compromisos de deuda y el pago de $800 millones en bonos para enero de 2023.
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