La Funde presentó ayer su evaluación de la situación económica y fiscal de 2018 y perspectivas de 2019, en la que alertó una desaceleración de créditos y depósitos, un lento crecimiento del empleo formal, e incertidumbre fiscal de cara a las elecciones presidenciales, en febrero del próximo año.
Rommel Rodríguez, asesor macroeconómico de Funde, aseguró que la economía salvadoreña en 2018 mostró cierto dinamismo, a pesar de estar marcada por dos años cargados de dinámicas electorales, como los comicios legislativos en marzo, la elección de funcionarios de segundo grado como la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República, y el evento electoral de febrero.
Sin embargo, este alto ambiente de polarización retrasó, en su momento, la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada hace dos semanas; así como el Presupuesto General de la Nación 2019 y nuevo endeudamiento para honrar el pago de $800 millones en bonos que vencerán en 2019.
En septiembre pasado, el Ejecutivo presentó al congreso salvadoreño el anteproyecto del presupuesto, con un incremento del gasto de $1,265.7 millones más que el aprobado este año, debido a la necesidad de refinanciamiento de deuda, y el incremento en otras partidas presupuestarias como subsidios.
Carlos Pérez, asesor de la Funde, aseguró que durante 2018 quedaron pendientes varias decisiones para las finanzas públicas a mediano plazo, pues el oxígeno que dio la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) iba a terminar rápido.
La falta de un ajuste fiscal y un incremento en el gasto este último año, llevará a que el déficit -la diferencia entre ingresos y gastos del Estado- pase de un 2.5 en 2017, a un 3.3 % al cierre de 2018.
Riesgo aumenta
Con una sola plenaria pendiente para terminar el año, Pérez sostiene que hay baja probabilidad de aprobar el presupuesto de 2019, “generando mayor riesgo para el país e inquietud en los inversionistas”.
Según Pérez, este riesgo será aún mayor de no aprobarse un roll over de los bonos, que “dependerán de un acuerdo político que autorice el endeudamiento público”, pues de lo contrario, “el default sería inevitable al cierre de 2019”.
“Pagar (la deuda) con recursos propios implicaría quedarnos sin dinero para educación, salud, y seguridad. Son $800 millones y debe darse la aprobación; de no hacerlo, caemos en default y el panorama se vuelve completamente oscuro”, explicó.
Para la Funde, es importante tener presente la necesidad de lograr estos acuerdos a más tardar después de las elecciones del próximo año. Además, dependerá de la capacidad de lograr acuerdos del nuevo Gobierno si éstos llegan rápido o no.