El déficit fiscal de El Salvador podría dispararse hasta el 12.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) al final de 2020, la previsión supera en casi cuatro veces a la meta del año (de 3.1 %), la cual puede alterarse gravemente debido a las maniobras financieras que aplica el Ejecutivo para contener el avance de la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con estimaciones preliminares -hechas por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades)- el país se dirige a una encrucijada fiscal.
A diferencia de las crisis económicas previas, El Salvador ya experimenta una alta tasa de deuda, se alista para buscar más fondos y aún debe enfrentar una drástica caída en los ingresos por la baja actividad económica acentuada con el paro preventivo para evitar contagios.
En su análisis, Fusades destaca que entre 2018 y 2019 la deuda -como porcentaje del PIB- pasó de 70.7 % a 71.8 %, mientras que al cierre de 2019 el pago de intereses ascendió a los $991 millones, una cifra que ya equivale al 3.7 % del PIB.
José Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, considera que las finanzas públicas están menos preparadas para un shock como lo estaban para las crisis generadas por los terremotos de 2001 o de la financiera internacional de 2009.
Por ejemplo, en 2001, la deuda era del 38 % del PIB y se incrementó hasta el 48 % con la contratación de préstamos para impulsar los planes de reconstrucción.
La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó que el Ejecutivo que pueda conseguir fondos en los mercados internacionales por un monto de hasta $2,000 millones, medida que se anticipa será una mezcla de fuentes que ayudarán a paliar tanto la emergencia sanitaria como los planes de fomento a los sectores más golpeados.
Esta semana, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, aceptó que las metas fiscales se están quedando cortas y sostuvo que se ubicará en un rango entre el 5 % y el 7 % del PIB.
El déficit fiscal es aquel gasto que no se logra cubrir con los ingresos corrientes del Sector Público no Financiero (SPNF), el que incluye las fuentes del Gobierno central y las empresas públicas no financieras.
Fusades destaca que la previsión de caída de los ingresos tributarios para 2020 ronda los $500 millones. Mientra que el plan de subsidios para 1.5 millones de hogares ($300 por familia) en vulnerabilidad alcanza los US$450 millones, fondos que se gestionaron con una emisión de Letras del Tesoro (LETES).
El 12.2 % se puede alcanzar si se ejecutan completamente los $2.000 millones autorizados, de ocurrir esto la deuda del Estado salvadoreño rompería la barrera del 80 %, incluso más si se toma en cuenta la contracción del PIB.
Moody’s, en su más reciente informe, elevó la perspectiva de la deuda de El Salvador de “estable” a “positiva”, pero mantuvo la calificación en B3, una categoría de alto riesgo de inversión. El examen de la calificadora ocurrió antes del estallido de la crisis y señala que “las adversas tendencias fiscales no dan soporte para la estabilización de la deuda”.
Oliva sostiene que otro de los problemas de fondo es la capacidad de acceder a liquidez vía bonos en un mercado turbulento, donde pesa mucho el riesgo país. El analista sostiene que el país debería tener un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la banca multilateral para buscar fondos y el hecho de que la crisis sea generalizada permitirá abrir nuevas fuentes a más bajo interés.
Incluso hablan de la necesidad de reorientar fondos pre aprobados que puedan ayudar a impulsar medidas para atender la crisis.