El Salvador se encuentra en una encrucijada: Debe responder de manera rápida ante la epidemia del Covid-19 que ha paralizado la actividad económica, sin comprometer la sostenibilidad futura del país. El Gobierno ha solicitado a la Asamblea Legislativa que se le autorice gestionar $2,000 millones a través de emisión de título valores o en créditos para incentivos que mantengan la economía, sin embargo esta semana se conoció que el presupuesto para enfrentar la crisis podría ser de $5,000 millones.
Para Fusades, las decisiones que tome el Ejecutivo deben considerarse ante una visión integral, que contemple los efectos a corto plazo para atender a los más vulnerables ante la pandemia sin olvidar a mediano y largo plazo los empleos y capacidad de las empresas para contratarlos.
“Cualquier endeudamiento público para atender la emergencia por el Covid-19 necesita transparencia en la discusión legislativa y en la ejecución de los recursos. Las instituciones que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción deben cuidar que se haga un uso adecuado de los fondos y abrir espacios de auditoría ciudadana”, indicó en su posición institucional compartida este miércoles.
Se dispararía deuda
Fusades consideró que la “drástica” medida de una emisión “apresurada” de $2,000 millones para enfrentar la pandemia “constituye una restricción futura a los empleos, crecimiento y bienestar de los salvadoreños”. Si se mantiene el ritmo acelerado del endeudamiento, para 2020 la deuda pública de El Salvador superaría el 100 % del PIB (que mide la producción de bienes y servicios).
Los datos del Ministerio de Hacienda, publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), indican que la deuda pública total de El Salvador cerró en 2019 en $19,808.35 millones, equivalente a un aumento de $833.67 millones (un 4.2 %) frente a los $18,974.68 millones de 2018.
Ya que se prevé que el PIB alcanzaría unos $26,656.2 millones en 2019, la deuda pública total representaría el 74.3 % de la producción nacional. Si se espera que la economía se contraiga o crezca menos por la pandemia este 2020, el peso de estos compromisos significaría más como porcentaje del Producto Interno.
Ante ese escenario, Fudades prevé que para lograr la sostenibilidad se necesitaría un ajuste fiscal de más de 8 % que podría aplicarse por una reducción de gastos públicos o más carga tributaria para los ciudadanos. “La gestión pública sería inviable e iría en contra del bienestar social, pues al final, la deuda se terminará pagando con más impuestos para todos los salvadoreños”, sumó en su documento.
