El Gobierno salvadoreño propuso a la Asamblea Legislativa flexibilizar la meta de reducción del endeudamiento del Sector Público No Financiero (SPNF) contenida en la ley de responsabilidad fiscal.

En septiembre pasado, el Ministerio de Hacienda entregó al Congreso salvadoreño las nuevas metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social (LRF), ajustadas con la nueva forma de calcular el nuevo Producto Interno Bruto (PIB) y que resulta en una economía más pequeña de lo que se pensaba.

El anteproyecto, publicado en el sitio de la Asamblea Legislativa, contempla que el ratio de la deuda del SPNF (Gobierno central y las empresas públicas no financieras) no supere el 50 % del PIB para 2021, cinco puntos porcentuales más que el 45 % que se aprobó inicialmente.

Después del período de ajuste fiscal, señala el proyecto de reforma, la deuda del SPNF con pensiones “no podrá superar el 70 % del PIB”, cinco puntos más que lo establecido actualmente. Además, la normativa vigente plantea que, después de 2021, la deuda sin pensiones no puede representar más del 42 % del PIB.

El Ministerio de Hacienda proyecta que el nivel del endeudamiento del SPNF con pensiones concluya este 2018 en 71.2 % del PIB y sin pensiones en 52.2 %, mientras que para 2019 prevé se reduzca a 70.6 % y 50.7 %, respectivamente.

En 2020, espera que la deuda con pensiones llegue al 70.3 % del PIB y a 49.8 % sin pensiones, y para 2021 -año de la consolidación- estima que el ratio cierre en 70.1 % y en 49.3 % sin pensiones.



Más carga tributaria

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, informó el viernes pasado que “nosotros tenemos una propuesta de carga tributaria que al 2021 se alcance el 18.6 %”, es decir, 1.6 puntos más que la LRF actual, que plantea una carga en torno al 17 % del PIB.

Hacienda calcula que la carga tributaria al término de 2018 llegará al 18.2 % del PIB y se desacelerará en 2019, pues se ubicaría en 17.9 %. En 2020 se recuperaría, llegaría al 18.4 %.

Para el economista Luis Membreño, presidente de la firma Luis Membreño Consulting, “no se ve muy lógico”, porque se comprende que la carga tributaria cae en 2019 por la eliminación del impuesto a las operaciones financieras, pero “no puede volver a saltar en medio punto del PIB para el siguiente año”.

Según Hacienda, la recaudación de impuestos y contribuciones especiales dejará $4,832.8 millones en 2019, $136.6 millones más que en 2018.

Asimismo, el Gobierno propuso a la Asamblea Legislativa que en la nueva ley de responsabilidad fiscal se establezca que, después de 2021, el gasto de consumo no podrá ser mayor al 14 % del PIB.

Comparado con la ley vigente, donde se plantea un límite del 18.5 % del PIB, la propuesta de Hacienda significa una reducción de 4.5 puntos porcentuales en la meta aprobada en noviembre de 2016.