La vocera de la gremial -que entre sus miembros cuenta con empresas del rubro energético- explicó que el Ejecutivo se comprometió con las distribuidoras a presentar un documento con las propuestas para el pago, ya sea en efectivo o a través de títulos del Ministerio de Hacienda, pero hasta la fecha el Ejecutivo no ha cumplido este acuerdo.
Añadió que el Gobierno dijo que pagaría $23.7 millones que se han acumulado entre enero y mayo de este año, más un remanente de diciembre. Sin embargo, enfatizó Muñoz, no han definido la institución, el mecanismo o fecha de pago para la deuda restante de junio y julio facturado, lo que va de agosto, que alcanza una suma de $9 millones.
“Estamos pendiente que el Gobierno elabore y entregue el documento para que las empresas distribuidoras lo analicen. Pero de esas pláticas a los hechos no hemos llegado a nada concreto”, enfatizó.
El subsidio energético es entregado inicialmente por las distribuidoras de energía, que descuentan el monto de la factura final de aquellos hogares que gozan de esta subvención. Posteriormente, el Gobierno retribuye ese “descuento” a las empresas.
AES El Salvador, que aglutina a las distribuidoras CAESS, CLESA, EEO y DEUSEM, reiteró ayer que han sostenido diversas reuniones con Hacienda para evaluar alternativas para cumplir este compromiso. “Sin embargo, a la fecha no se tiene un resultado que solucione dicho pago, que actualmente acumula para el grupo AES El Salvador, la cantidad de $23.8 millones”, dijo a Diario El Mundo.
Proveedores presionan
La falta de cumplimiento arrastra consigo al resto de la cadena energética, ya que las distribuidoras no pueden honrar sus contratos con los importadores, a quienes también se les complica pagar a los productores de Guatemala, de donde El Salvador compra energía eléctrica para inyectarla a la red nacional.
“Hemos recibido cartas de los productores de energía de Guatemala, en donde solicitan una explicación de porqué el Gobierno no honra su deuda. Obviamente ese es un problema entre dos personas que como Amcham no tenemos ningún involucramiento porque el comercializador tiene un contrato con el proveedor de energía de Guatemala directamente”, dijo Muñoz.
En mayo pasado, las empresas salvadoreñas dedicadas a la importación de energía instaron al Gobierno a solventar esta situación, y advirtieron que de continuar existía el riesgo de apagones o aumentos en el costo del servicio.
La directora de AmCham señaló: “no se está pagando a los importadores y éstos no están pagando a los productores de Guatemala. En un momento determinado puede ser que los productores de Guatemala decidan ya no continuar vendiendo energía”.
Además, enfatizó que los generadores locales “nos han expresado que tienen problema con su flujo de efectivo” para mantener activos los inventarios.
