El Ministerio de Hacienda reactivará la Ley de Responsabilidad Fiscal hasta 2022. Foto: Archivo DEM.


El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó ayer que se aplicará la ley de responsabilidad fiscal (LRF) hasta 2022, luego que se reformen las métricas tras el impacto de la pandemia.

La Asamblea Legislativa suspendió de manera temporal esta ley, que obliga al Ejecutivo a implementar medidas para reducir el peso de la deuda y el déficit fiscal, por el estado de emergencia ante la pandemia del covid-19 regulado en el decreto 607 y se estableció que Hacienda debía presentar un plan de regulación actualizado 90 días contados a partir de la culminación de los efectos del Estado de emergencia; sin embargo, aún no se presenta el paquete de reformas.

"Nosotros estamos prontos para presentar el plan de vuelta de la LRF, como lo harán todos los demás países, y que se podría adoptar a inicios de 2022 porque el presupuesto general de la nación de este año ya está elaborado, tendríamos que retomar la planificación fiscal para reducir los niveles de deuda en el corto y el mediano plazo", manifestó Zelaya tras confirmar que el Gobierno negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ordenar las finanzas públicas.

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La Ley de Responsabilidad Fiscal se aprobó en noviembre de 2016 como parte de un acuerdo entre el Gobierno -de Salvador Sánchez Cerén- y ARENA, que se celebró en Casa Presidencial.

El Ejecutivo solicitaba la autorización para emitir $550 millones y la oposición, por su parte, pedía una normativa que obligara al Estado salvadoreño a tomar medidas para reducir su déficit fiscal y las deudas en un período de consolidación, que en un principio se consideró para tres años.

Luego que se cambiara en marzo de 2018 el Sistema de Cuentas Nacionales, la metodología para medir el Producto Interno Bruto (PIB), Hacienda presentó un paquete de reformas a la ley para modificar las metas y que el período de consolidación pasara a cinco años a partir de 2017 (llegaría a 2022).

Este período incluye implementar medidas de ingresos y gastos que den como resultado al menos 3 % del PIB. En los siguientes cinco años al período de consolidación, el Ministerio de Hacienda deberá garantizar que el ratio de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) no sea mayor al 50 % del PIB, sin considerar los compromisos previsionales.

En tanto la deuda del SPFN con pensiones deberá mantener una tendencia decreciente en 2030 igual o inferior al 60 % del PIB.

La semana pasada, Andrés Oliva, economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), advirtió que el paquete de reformas deberá llevar un cambio profundo pues las metas que se establecieron en un principio son inalcanzables cuando la deuda pública ya supera el 85 % del PIB.

"Las medidas de ajuste para encontrar un descenso son de un tiempo bastante prolongado. El ajuste fiscal se prevé de más tiempo. Análisis que hemos hecho que tres años no serían suficientes; podemos decir que el tamaño de la deuda es tal que los ajustes y tiempos anteriores ya no son suficientes", advirtió.