La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el decreto legislativo 127 que inhabilitó al Ministerio de Hacienda continuar las auditorías de 468 casos de supuesta evasión fiscal entre 2014 y 2015.
En 2018, la Asamblea Legislativa aprobó a iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker el decreto 127 que dejaba sin efecto los procesos tributarios del año 2014 y 2015 que tenían la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, instituciones que forman parte del Ministerio de Hacienda.
Las entidades estiman que los 468 millones casos representan una defraudación al fisco salvadoreño por $280 millones.
En agosto pasado, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidió a la nueva Sala de lo Constitucional que dejara sin efectos el decreto y facultara a la institución reactivar los casos. Zelaya se refirió al caso en ese momento como “la más descarada evasión”.
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A menos de dos meses de presentado el requerimiento, la Sala declaró lo inconstitucional y facultó tanto a la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas para que activen las auditorías y resuelva los 468 casos en un plazo de 92 días.
“A partir de la fecha de la notificación, 92 días para terminar las auditorías que suspendió el decreto 127. Así que la Sala ha habilitado a la Dirección General de Impuestos Internos y Dirección de Aduanas para que vayan a recuperar esos $280 millones”, dijo Zelaya.
Perdonó de un solo tajo $280 millones para el fisco salvadoreño, eran alrededor de 468 casos los que se estaban persiguiendo".
Alejandro Zelaya
Ministro de Hacienda
Samadhy Martínez, directora general de Aduanas, explicó que solo esta institución tenía en investigación 55 casos que fueron cerrados por el decreto 127 que rondan los $9.6 millones, sin considerar intereses y multas.
Explicó que 26 casos –el 47 % del total- son de empresas que corresponden al rubro de depósito de perfeccionamiento activo (DPA), que se encuentran bajo el régimen de zonas francas para recibir incentivos fiscales.
“Esta industria que, si bien aporta y genera empleos, es importante mencionar que, así como se le dan beneficios e incentivos fiscales por estar en zonas francas, ellos también tienen una manera de dejar de pagar impuestos, señaló Martínez.
También hay casos de empresas de la industria de comercio y servicio, entre grandes (22 %), medianos (48 %) y pequeños (30 %) contribuyentes. “Nos habilita a en 90 días, si no es que menos, a cerrar estos casos que vuelven a reactivarse y nosotros poder recuperar este dinero dejado de percibir”, agregó la titular de Aduanas.
Marlon Vásquez, director de Impuestos Internos de Hacienda, sumó que el decreto dejó en archivo 313 casos de los cuales tenían determinados $139 millones sin incluir multas e intereses. Un 50 % de los procesos aún no se encontraban en la etapa de determinación y 50 % estaba en su fase final para emitir resoluciones.
Vásquez indicó que el 60 % de las auditorías corresponde al Impuesto sobre la Renta (ISR) y un 40 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Ya los tenemos identificados, esto es algo que se trató de manera especial como un seguimiento parte del plan de antievasión y estamos preparados para poder en un período de 90 días finiquitar las auditorías”, agregó el funcionario.
Desde el lanzamiento del plan antievasión fiscal, según el ministro Zelaya, se han recuperado $420 millones y con el plan anticontrabando otros $20 millones.
| El Ministerio de Hacienda indicó que hay alrededor de $16 millones en avisos en la Fiscalía General de la República por contrabando técnico. |