El Salvador comenzará a aceptar el bitcoin como moneda oficial en septiembre de 2021. /DEM
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que perder el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la tensión generada tras adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, podría cerrarle las puertas a El Salvador al mercado intencional y restringir nuevo financiamiento con los multilaterales.
Los diputados de Nuevas Ideas y de Gana aprobaron la medianoche del martes 8 la Ley Bitcoin, una propuesta que presentó el Ministerio de Economía (Minec) esa misma noche y se aprobó sin consultas y sin ninguna modificación.
El Icefi presentó el viernes pasado su primer análisis sobre el impacto del bitcoin en las cuentas del Estado y las implicaciones en las negociaciones que sostiene El Salvador con el FMI para un acuerdo crediticio de hasta $1,300 millones, que le permitiría al Gobierno central aplicar un ajuste fiscal para corregir el alto nivel de endeudamiento.
El tanque de pensamiento reconoce que El Salvador podría recibir beneficios en el uso de criptomonedas; sin embargo, advierte de “efectos nocivos” para la economía como un incremento en la tasa de interés bancaria, evasión fiscal, convertir al país en un paraíso fiscal y perder el financiamiento internacional.
La institución destacó que un acuerdo vigente con el FMI se interpreta como un “aval financiero de facto” para los países y facilita la gestión de préstamos y operaciones no reembolsables (donaciones) con otros multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Las negociaciones para que El Salvador alcance a suscribir un acuerdo con el FMI son determinantes para el acceso urgentemente necesitado financiamiento para cubrir la brecha fiscal”, señala el Icefi en su informe y agrega que “la preocupación se agudiza” por la difícil situación financiera de la economía salvadoreña.
Ricardo Barrientos, economista del Icefi, recordó que el jueves pasado estaba programada una reunión entre el presidente Nayib Bukele y funcionarios del FMI, del cual ni el Ejecutivo ni el Fondo ha detallado los resultados.
Sin embargo, horas antes de la reunión, Gerry Rice, portavoz del FMI, señaló que la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador “plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”.
| La misión del FMI tiene dos meses de haber iniciado. En abril pasado, se anunció que un equipo técnico inició una revisión de la economía salvadoreña y avanzaría en las negociaciones para un acuerdo, del cual aún no se tienen acuerdos. |
En una sola semana, destacó Barrientos, la incertidumbre por la legalización del bitcoin ocasionó que el precio de los bonos cayera y se elevara el riesgo país.
Riesgos fiscales.
La Ley Bitcoin establece que las contribuciones tributarias podrán ser pagadas con bitcoin, una medida que, para Ricardo Castaneda, economista del Icefi, podría generar pérdidas para el Estado.
Para ejemplificar, hizo un ejercicio en el cual se propone que el 8 de mayo el Ministerio de Hacienda hubiera recibido 1,000 bitcoin en ingresos tributarios. Si los hubiera cambiado ese día significaría un ingreso de $58.7 millones; sin embargo, si hubiera esperado hasta el 29 de mayo la suma sería de $34.6 millones, un 41 % menos.
Los ingresos para poder financiar bienes y servicios públicos que garanticen los derechos de las personas no pueden depender de la volatilidad de una criptomoneda que es tan volátil”.
Ricardo Castaneda
Economista del Icefi
Lourdes Molina, también economista del Icefi, señaló que obligar al sistema bancario a recibir bitcoin provocaría un incremento en las tasas de interés por los riesgos de volatilidad, mientras que, en el corto, podría existir un rechazo como medio de pago por parte de la población y provocar un efecto marginal de la actividad económica. Contrario a ello, sumó, los tenedores de bitcoin podrían exigir un incentivo para invertir, pero no tendría impactos significativos en la actividad económica.