El Gobierno emitió la semana pasado $1,000 millones en bonos para un plazo de vencimiento de 32 años a un cupón de 9.5 %, el interés más alto de todas las emisiones de El Salvador desde 2002. Imagínese que, si no hay una reestructuración de esa colocación, el Ejecutivo tendrá que presupuestar anualmente $95 millones para pagar los intereses de esa emisión durante las próximas tres décadas, es decir, que pagará más de $3,040 millones y en 2052 deberá honrar el capital.
El Ejecutivo tendrá además que honrar los compromisos obtenidos antes de la pandemia, más la deuda adquirida este año con multilaterales y en el mercado local a través de las Letras del Tesoro (Letes) y los Certificados del Tesoro (CETES), que también compró a una tasa de interés de 9.5 %.
La diferencia entre la deuda de bonos es que el Gobierno solo honra intereses durante el período de vencimiento mientras que con los préstamos hay pagos de capital calendarizados.
La advertencia de los economistas, tanques de pen samiento y calificadoras de riesgo es sobre el crecimiento acelerado de los intereses de la deuda. En 2019 representaron $991.06 millones, un monto incluso superior al presupuesto del ramo de Salud en $662.1 millones de ese año.
Si bien la nueva deuda presionará las finanzas públicas, se descarta que en el corto plazo exista riesgo de impago pero “sí veo riesgo de incrementar la deuda social”, indicó Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). El economista teme que el Gobierno dé prioridad al pago de la deuda financiera y recorte asignaciones a instituciones claves para garantizar bienestar a la población.
Un costo podría ser que el presupuesto de 2021 para el Ministerio de Educación no crezca, “menos niños van a la escuela y la deuda social se incrementa”. “Por eso es clave que se establezca un plan de reformas, con esa deuda adquirida, cada vez más, se obliga a hacer reformas inevitablemente, y es allí donde debe estar el debate sobre todo en un año preelectoral”, advirtió.
El economista hizo énfasis en buscar un “acuerdo fiscal” con los demás poderes del Estado para fijar una hoja de ruta que permita ordenar las finanzas públicas sin recortar la inversión social porque “muchas veces pareciera que es la única opción”. “Hay alternativas, pero se requerirá voluntad política para echarlas a andar”, sumó.
El dilema: Por un lado, el Ejecutivo tiene más compromisos de deuda que pagar y, por el otro, debe invertir más en el sistema de salud, por ejemplo, para responder a la emergencia sanitaria, o en infraestructura pública para incentivar la recuperación de la economía.
¿Se hipotecó el país?
Se prevé que el nivel de endeudamiento llegará al 90 % del Producto Interno Bruto (PIB) este 2020, con un servicio de la deuda para los próximos años demasiado alto frente a la capacidad de pago del país, destacó Carolina de Franco, economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“Se hipoteca nuestro futuro. Lo que hace es reducir los recursos que pueden ser para programas sociales, salud, educación. El pueblo es el que termina pagando este costo”, destacó. Además recordó que, si bien solo se pagan intereses por los bonos, cuando se llega la fecha de vencimiento el Ejecutivo no tiene fondos para honrar el capital y tiene que recurrir a nuevas colocaciones y así la “deuda se vuelve permanente”.
Si bien la colocación permitirá ingresos al Estado durante la emergencia se hace a una “tasa de interés de castigo”, indicó Pedro Argumedo, economista también de Fusades, quien advirtió que en 2021 aumentará el esfuerzo tributario para honrar la deuda combinado a una lenta recuperación de la economía. “Complica la situación fiscal para 2021, o sea, aliviamos hoy y comprometemos más fuertemente la estabilidad para el siguiente año”, sumó.
El llamado a un acuerdo con FMI
Para Argumedo es urgente que el Gobierno logre un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “tener una lumbre de cómo se van a ordenar las finanzas públicas a mediano plazo”. La propuesta también es compartida por el economista Luis Membreño, quien aseguró que solo así se reduce el riesgo de que El Salvador caiga en impago.
Un acuerdo con el FMI definiría una ruta para darle estabilidad a la deuda pública a largo plazo, pero si “el Gobierno decide no entrar a un programa de ajuste y quiere seguir gas gastando como lo ha hecho en este año, entonces sí se cae en un riesgo de impago”, sentenció.
Tras la crisis de 2009, El Salvador logró un acuerdo con el FMI por una garantía de $790 millones para un programa económico enfocado en acelerar la recuperación de la economía, reducir la pobreza y mejorar las finanzas públicas. Sin embargo, los compromisos asumidos no se cumplieron y en 2012 se suprimió.
Según un reporte de Stifel, una compañía financiera y banca de inversión independiente, el Gobierno promocionó un acuerdo stand-by con el FMI como punto de partida para vender los bonos, pero para el economista Óscar Cabrera, de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), el Gobierno ya se comprometió con el FMI a realizar un ajuste del 3 % del PIB.
Cabrera se refirió a la carta de intención, contenida en el informe del FMI tras la aprobación del préstamo de $389 millones, en la cual el Gobierno se comprometió a implementar un ajuste gradual de “al menos 3 % del PIB en medidas permanentes durante 2021 y 2024”. “Aquí ya hay un acuerdo donde las autoridades del Gobierno se comprometen”, matizó el economista.
En ese documento, el Fondo Monetario le sugiere al Ejecutivo aplicar medidas como aumentar el impuesto a los combustibles, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o reducir su gasto en remuneraciones.
El Salvador hará todo lo posible para no caer en impago y eso implicará que el ajuste del covid-19 será “por parte de los hogares salvadoreños que somos los que compramos bienes y por parte de los asalariados que pagamos la renta”, dijo.
Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), consideró que la política de endurecimiento fiscal “es una crónica anunciada” y advirtió que si el Gobierno “no es capaz de reducir la factura salarial con las medidas que se han recomendado obviamente recurrirá a recortar el gasto social”.
