El banco estadounidense JPMorgan Chase dijo el martes que colabora con las autoridades tras enterarse de conductas potencialmente ilegales por parte de clientes y empleados en relación a enormes programas gubernamentales de ayuda en por la pandemia de covid-19.
Se han observado "acciones que no cumplen con nuestros principios de conducta empresarial y nuestros principios éticos, y que incluso pueden ser ilegales", escribieron los líderes del establecimiento de Wall Street a sus empleados, en un mensaje al que tuvo acceso la AFP.
El mensaje señaló problemas con clientes que hicieron mal uso de fondos del "Programa de protección de cheques de pago" (PPP) -que entrega dinero a las pequeñas y medianas empresas que se han comprometido a retener a sus empleados durante la pandemia-, así como de beneficios para el desempleo y otros programas del gobierno.
El banco afirma hacer "todo lo posible" para identificar a los implicados y se compromete a "cooperar con las autoridades" cuando sea necesario.
Se han observado "acciones que no cumplen con nuestros principios de conducta empresarial y nuestros principios éticos, y que incluso pueden ser ilegales",
Declaración de JPMorgan Chase.
Pero también pide a sus empleados que estén atentos y denuncien cualquier sospecha a su superior jerárquico o a un número especial, de forma anónima si así lo desean.
Si permitió que millones de empresas se mantuvieran a flote al comienzo de la pandemia, el programa de préstamos para pequeñas y medianas empresas (pymes) también se ha visto empañado por varias controversias desde su lanzamiento.
Su rápida implementación, destinada a brindar asistencia a las empresas afectadas de la noche a la mañana por la pandemia, la hizo más vulnerable a posibles abusos.
Varios multimillonarios, entre ellos el rapero Kanye West o el artista Jeff Koons, pero también fondos de inversión o cadenas de restaurantes, han sido acusados de haberse beneficiado de este dinero, que está más destinado a pequeñas empresas.
Las autoridades también han emprendido acciones legales contra varios empresarios que aprovecharon el programa para comprar autos de lujo, relojes de prestigio y otros bienes que nada tienen que ver con la preservación del empleo.