Una investigación del International Budget Partnership (IBP) destaca que la limitada información sobre la ejecución de los recursos públicos para enfrentarse a la pandemia es el gran punto ciego en la transparencia para El Salvador.
A nivel mundial, los gobiernos lanzaron en 2020 diferentes paquetes fiscales para atender la emergencia y la reactivación económica por la pandemia del covid-19. En ese contexto, el IBP, una organización internacional que promueve la transparencia, en colaboración de sus investigadores aliados realizó una investigación sobre el acceso a la información pública sobre la gestión y rendición de cuentas en el uso de los recursos estatales.
En el caso de El Salvador, la investigación se realizó en coordinación con la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) que participó en un comité conformado por expertos nacionales e internacionales que evaluaron la transparencia, vigilancia y participación ciudadana.
Aunque la mayoría de los paquetes fiscales eran una respuesta urgente a la crisis, esto “no era incompatible con la rendición de cuentas”, señaló Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de Funde, para quien los mecanismos de transparencia, vigilancia y participación ayudan a los gobiernos a maximizar el impacto de sus intervenciones.
Los resultados de la investigación se enviaron a las autoridades del Gobierno, “no para validar”, aseguró Roberto Rubio, director general de Funde, sino para observaciones. Sin embargo, no tuvieron respuesta.
La especialidad del IBP es que mide el grado de transparencia presupuestaria, cómo se ha manejado, qué tanto acceso hay la información, o si hay participación”.
Roberto Rubio
Director de Funde
Transparencia, la deuda pendiente.
Rodríguez explicó que la investigación de El Salvador se centró en el paquete fiscal del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reactivación Económica que aprobó la Asamblea Legislativa en 2020 para canalizar las transferencias a gobiernos municipales, subsidios a las familias, coberturas de deficiencias de ingresos y gasto en los ministerios.
“Los resultados de la investigación indican que este paquete tuvo una transparencia limitada, una vigilancia parcial y contó con una participación ciudadana mínima”, sostuvo.
En el pilar de transparencia, el economista destacó que la mayor parte de los recursos se utilizó a través de mecanismos extrapresupuestarios en el Fondo de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), en lugar del Fondo de Emergencia en el cual existe poca información disponible sobre el destino de los recursos.
Sí tenemos claro las fuentes de financiamiento (del fondo) y cómo esas fuentes de financiamiento envían recursos hacia Fopromid; pero después, al detalle, cómo se han erogado esos recursos, aún no sabemos y no tenemos la información sustancial”.
Rommel Rodríguez
Economista de Funde
La información disponible sobre los beneficiados y el desempeño ha sido mínima e incluso este tipo de datos han sido declarados en reserva, al igual que la participación ciudadana y la evaluación de las intervenciones.
De los resultados globales, El Salvador quedó en el grupo de 55 países con limitada información sobre el manejo de los recursos. En este segmento se encuentran naciones como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Angola, China, entre otros.
A nivel mundial, solo Australia, Filipinas, Noruega y Perú mostraron niveles adecuados en el acceso y facilidad de la información de información. |
AREAS DE ESTUDIO
Buenas prácticas: el estudio encontró como buena práctica que la Asamblea Legislativa participó en la aprobación y seguimiento del paquete fiscal y el comité de veeduría.
Áreas débiles: los fondos se destinaron al Fopromid. Hay mínima información sobre el uso de los recursos, los beneficiados, el desempeño y participación ciudadana.
Recomendaciones: revisar las normas y mecanismos de respuesta para futuras emergencias. Garantizar el acceso a la información pública y publicar evaluaciones.