En junio del año pasado, empujados por las cuarentenas, cientos de familias salieron a la calle con banderas blancas para pedir alimentos. Estas manifestaciones bajaron, en parte, por la entrega de paquetes alimenticios por parte del Ejecutivo y la paulatina reactivación de la economía.
La pandemia del covid-19 y la crisis económica derivada de la emergencia, junto al embate de las tormentas tropicales Eta e Iota, han impulsado las cifras de población en riesgo alimentario en Centroamérica.
Se estima que entre junio y agosto de 2021 1.04 millones de salvadoreños estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda, una previsión mayor a los datos recogidos en un informe con previsiones para el período de noviembre de 2020 a febrero de 2021 que fijó el riesgo para 684,000 personas.
Según datos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), hay cerca de 7.3 millones de personas situación de inseguridad alimentaria en la zona del Triángulo Norte de Centroamérica, una región compuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Informe Global sobre Crisis Alimentaria, publicado en abril de 2020, advirtió que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua antes de la pandemia COVID-19, poseía un incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional de 4.4 millones de personas. La cifra sigue creciendo.
Las cuarentenas decretadas para frenar los contagios como el impacto de los huracanes -que dañaron cultivos de granos básicos, hortalizas y cultivos de agroexportación- han provocado alza de precios, pérdida de cosechas y de ingresos económicos de las familias que están agravando las decisiones de miles.
"Antes de la pandemia y los huracanes Eta e Iota, Centroamérica ya enfrentaba problemas de desnutrición crónica e inseguridad alimentaria nutricional, un escenario que se volvió más complejo. Desde el SICA se está impulsando una respuesta multidimensional, para lograr un sistema agroalimentario sostenible", dice un informe de la entidad publicado el viernes (12.02.21).
Junio y julio son los meses con más riesgos
El informe recalca que históricamente, los meses de junio y julio, son los que presentan los mayores incrementos en los precios de alimentos y es la época en la que los hogares, principalmente rurales, han agotado en su totalidad las reservas de granos básicos y dependen de la compra para su consumo.
Agrega que este año los riesgos se acrecentan por que el poder adquisitivo de las familias continúa afectado, por la pérdida de empleos, la economía informal y el turismo aún no están recuperados, mientras que entre junio y julio reduce significativamente la demanda de mano de obra agrícola.
En El Salvador están definidos los corredores de riesgo y se estima que habrá 120,000 personas en Fase 4 en los departamentos de Ahuachapán, La Libertad, San Miguel, San Salvador y Santa Ana.
El Ejecutivo mantiene, desde el año pasado, la entrega de paquetes alimenticios a nivel nacional para facilitar el acceso a productos básicos a familias afectadas por la crisis económica.
Los factores que empujan a las familias al riesgo alimentario
- PANDEMIA COVID-19: Las restricciones a la movilidad y límites en los aforos decretados por el gobierno para controlar la expansión de la pandemia han limitado el acceso a mercados, lugares de trabajo, y servicios básicos. Actualmente las medidas de confinamiento han sido liberadas facilitando la movilidad de las personas; sin embargo, el transporte para acceder a mercados, lugares de trabajo y servicios básicos siguen limitados. La economía local aún no se recupera. Los pasos fronterizos continúan con limitaciones para la movilización de trabajadores y comerciantes de la región.
- EFECTOS CLIMÁTICOS: Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal y los Huracanes Eta e Iota causaron pérdidas de granos básicos, principalmente frijol, hortalizas y café. También se redujo la oferta de trabajo agrícola jornalero. Los efectos han sido inmediatos en la generación de ingresos por venta de cosecha, y la disponibilidad y acceso a los alimentos.
- PÉRDIDA DE INGRESOS: Alrededor del 57% de los hogares han visto reducidas sus fuentes de ingresos, ya sea por estar relacionadas con el comercio informal, por cierres de fuentes de empleo, o por reducción de la oferta de trabajo agrícola jornalero. La reducción del ingreso limita el acceso a servicios básicos y alimentos e incrementa el uso de estrategias de afrontamiento que afectan a los medios de vida en los hogares.