El 6 de abril pasado, una misión del FMI inició una revisión de la economía salvadoreña para establecer las negociaciones de un programa de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés) por hasta $1,300 millones.
“Se están reuniendo con muchas entidades públicas y privadas del país, todavía no ha terminado, sigue la negociación y esperamos que se finalice a finales de abril y la primera semana de mayo”, dijo el titular del BCR que funge como gobernador de El Salvador ante el FMI.
Ayer, el Central American Business Intelligence (CABI) señaló que el mercado está a la expectativa que El Salvador alcance un programa con el Fondo Monetario para corregir la crisis fiscal y su aprobación será el mayor desafío para 2021.
Para Ricardo Rodríguez, de CABI, con la nueva Asamblea Legislativa debería ser más fácil aprobar un programa fiscal con el FMI al ser una iniciativa del Gobierno central. Sin embargo, advierte que “si al final no se llega a un acuerdo con el Fondo, o se llega a un acuerdo, pero en las puertas políticas locales no se alcanzan los acuerdos para cumplir lo que el Fondo solicita, creo que eso podría afectarles en el crecimiento económico”.